La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha dirigido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que le expresa su malestar ante la actitud de “desprecio absoluto” del ejecutivo autonómico frente a las corporaciones locales. Esta percepción está motivada por la distribución resuelta por la Junta en relación al fondo social de emergencia que financia el Gobierno de España. En dicha decisión los Ayuntamientos y la Diputación –destinatarios de casi 4,3 millones de euros- no han sido partícipes en ningún momento del proceso, y carecen de información precisa sobre “asignación ni criterios de reparto”. De hecho, Irene García reconoce su “enorme sorpresa”, al tener conocimiento de dichos datos a través de los medios de comunicación.
Irene García le recuerda al presidente de la Junta de Andalucía que los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz “llevan semanas desarrollando una actuación ejemplar de colaboración leal e implicación”. Y, frente a esta certeza, “no entendemos que no exista una recíproca lealtad, así como la información y transparencia exigidas”.
La presidenta de la Diputación gaditana solicita en la carta remitida Moreno Bonilla el traslado de los criterios de reparto, los proyectos y programas que dispondrán de la cobertura asignada a los municipios, así como los plazos de presentación, ejecución y justificación de las intervenciones.
Recuerda la presidenta de Diputación que los vecinos, cuando tienen problemas, recurren a las instituciones locales, a las más cercanas. “De hecho los Ayuntamientos son el primer cinturón de seguridad, en circunstancias como la actual pandemia”. Pero ese vínculo natural “se dificulta por parte de la Junta de Andalucía con una actitud con la que quiere relegar a las entidades locales a la irrelevancia”.
La demanda de información precisa ha sido manifestada por Irene García a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz en las dos reuniones convocadas por el centro de coordinación institucional, además de reclamárselo por escrito. Una petición que, según expresa en la carta dirigida a Moreno Bonilla, también ha trasladado por diferentes vías “a varios miembros de su gobierno”, obteniendo siempre “respuestas inconcretas”.
La Diputación de Cádiz, según esgrime Irene García, “puede dar fe de la solvencia de los Ayuntamientos a la hora de participar en una intervención pública. La orientación de los Planes Invierte o los Programas de Cooperación Local se decide con el concurso de todos los Ayuntamientos y en el seno del Consejo de Alcaldías con las aportaciones de todos. Aportaciones que se hacen desde el conocimiento de las personas que saben, mejor que nadie, las prioridades de la sociedad de sus pueblos”. La Junta, considera Irene García, “con ese proceder pierde ese valor. No sólo se ningunea al mundo local, sino que se pierden oportunidades para que fondos, que son públicos, se empleen con la mayor eficacia”.
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