Impotencia. Es el resumen de los familiares de una usuaria de la residencia de mayores DomusVi de Sevilla, ubicada en la calle Baltasar Gracián junto a Santa Justa, y que ven cómo una instrucción de la Junta de Andalucía impide que puedan llevarse del centro a la residente, a pesar de que ha dado negativo en las pruebas del Covid-19 y que se encuentra “sola, aislada y abandonada” en la planta de no contagiados del centro.
No pueden obligar a recluir a un anciano“Sean humanos, e igual que en otras comunidades, permitan que los ancianos se puedan reunir con sus familias”. Es la petición que directamente realiza Luis Martínez Montiel a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, el único organismo al que, tras muchas vicisitudes, han podido acudir tras las reiteradas negativas de la dirección de DomusVi a su petición para llevarse del centro a su familiar.
La anciana, con cerca de 86 años y que ingresó en el centro para completar su recuperación tras una enfermedad, entró en una residencia para mayores que era casi un hotel pero que se ha convertido casi en su prisión. “Está en la planta de no infectados, en una habitación de 3x3 metros, le dan de comer pero está sola, aislada, abandona sin nada que hacer y donde no se escucha nada”, relata Luis, que se queja amargamente de la desinformación que ha sufrido la familia desde que comenzaron a saltar los casos de infectados y que ha terminado con la confirmación por parte del consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, de que se han registrado doce muertes en la residencia.
La petición de la familia de Luis Martínez Montiel es clara: que se revise la instrucción de la Junta de Andalucía del 19 de marzo que impide que ningún residente en un centro de mayores donde haya habido casos de coronavirus salga de las instalaciones y que, si la residencia “lo ha hecho mal”, que se den facilidades para que las familias puedan hacerse cargo del residente, al margen de que se habilite a personal para realizar los cuidados que requieren estas personas.
“No pueden obligar a recluir a un anciano”, insiste Martínez Montiel, que lamenta que se esté estigmatizando de esta forma a la población más vulnerable pensando en un “bien global”, cuando “esa seguridad se compra a base de quitarnos la libertad”.
Tras estar “tres o cuatro días” escuchando consejos de cómo lavarse las manos cada vez que intentaba que la Junta, Salud o el SAS le facilitara información sobre el caso puntual de su familiar, ha sido tras saltar las informaciones sobre contagios y muertes en la residencia cuando les han hecho llegar desde la dirección del centro la instrucción de la Junta que les impide que puedan llevarse a su familiar, incluso con pena de cárcel, relata.
En otras comunidades autónomas se permite y se flexibiliza el traslado de los familiares de residencias afectadas por el coronavirus, demanda que no sólo reclama la familia de Luis Martínez Montiel, ya que existe al menos usuaria de 86 años cuyos familiares están intentando que salga del centro, intento en vano por ahora ya que DomusVi se ampara en la instrucción de la Junta para negarles su salida.
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