El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ve difícil lograr un acuerdo en Bruselas sobre los eurobonos o 'coronabonos' que defiende el gobierno español y apoya que se recurra al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) para conseguir financiación con la que hacer frente a los gastos extras como consecuencia de la pandemia.
En una entrevista en 'La Mañana de Federico', en es.radio, Bravo ha explicado que las reglas del juego del MEDE "no son malas" y, además, ha dicho que es lógico que se cumplan unas condiciones por parte de los países que recurran a este mecanismo, ya que "no es para gastarlo alegremente" sino para destinarlo a sanidad y a la reactivación de la economía.
"Es lógico que los países defiendan su posición porque no se puede pedir sacrificios a unos para que otros lo derrochen", ha sostenido el consejero de Hacienda, quien ha recordado que el gobierno central también impone reglas de cumplimiento de déficit a las comunidades y el Ejecutivo "también juega en ese entorno en la Unión Europea".
Ha incidido en que es lógico que los países, como Alemania, entre otros, que prestan dinero a sus socios europeo como España o Italia pongan condiciones como volver a la senda de déficit o controlar el destino de esos fondos.
Según el consejero, el Gobierno de Pedro Sánchez tendría que ser hábil en la negociación y en la gestión de esos fondos, a los que se pueden sumar los que obtenga del BEI y también la gestión de los fondos europeos.
En clave comunitaria, Juan Bravo ha apuntado la posibilidad de que en la UE se proteja más al sector sanitario para tener más seguridad, al igual que ha ocurrid con el agroalimentario porque en esta crisis sanitaria no ha habido desabastecimiento de alimentos.
Asimismo, ha reiterado la petición al gobierno central de reestructurar la deuda de las comunidades para que puedan disponer de más fondos ya que son las que afrontan el gasto sanitario, ya que la capacidad de endeudarse de las regiones depende de la autorización del gobierno.
Igualmente , ha abogado por activar la colaboración privada y pública para poner en marcha proyectos de infraestructuras judiciales y en carretera que ayudarán a reactivar la economía y ha precisado que "no es un plan E" como el de José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis de 2008.
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