Los alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba han exigido este lunes al Gobierno andaluz de PP y Cs "que asuma sus competencias en la compra y suministro de equipos de protección individual (EPI)", y también le han reclamado "que deje de generar incertidumbre e inseguridad en los ayuntamientos".
Así lo ha señalado, en un comunicado, la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, quien ha explicado que los alcaldes socialistas de la provincia "han remitido una carta" al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el popular Jesús Aguirre, "como respuesta a las instrucciones dadas por su Consejería el pasado 1 de abril a los ayuntamientos".
En dicha comunicación, según ha señalado Amo, "la Consejería afirma que la Junta de Andalucía es la competente del suministro de material de protección a la propia Administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio, una vez que sean subsanadas las acuciantes necesidades de protección en el ámbito sanitario y sociosanitario".
Además, Amo ha recordado que en las instrucciones del consejero de Salud y Familias se añade que "cada ayuntamiento es competente para hacer las gestiones oportunas para adquirir el material que necesiten", lo que, según la dirigente socialista, es "una burda manera de trasladar la responsabilidad y las competencias a las entidades locales, algo que es absolutamente inaceptable".
En este sentido, Amo ha subrayado que, "bajo ningún concepto los ayuntamientos pueden asumir estas competencias", criticando la número dos del PSOE cordobés "la inseguridad y la incertidumbre que la incapacidad de la Junta de Andalucía está provocando en los municipios y en sus regidores".
Según ha resaltado Lola Amo, "son los alcaldes y alcaldesas los que están demostrando desde el minuto uno de esta crisis sanitaria su compromiso con sus vecinos y vecinas, su lealtad al resto de instituciones, y han mostrado, más que nunca, su vocación de servicio público".
Por ese motivo entiende que la instrucción de la Junta de Andalucía "tiene tres posibles lecturas, por un lado que el Gobierno andaluz desconoce el funcionamiento y los recursos y medios con los que cuentan los ayuntamientos o, lo que sería peor, que pretende sacudirse su responsabilidad y dejar en la estacada a los municipios".
"La tercera lectura que se podría hacer de la comunicación de la Consejería --ha proseguido-- es que en su afán por hacer oposición al Gobierno central, la Junta de Andalucía se dedica a confundir a los alcaldes y a la ciudadanía".
CONTRADICCIÓN EN CEREMONIAS FÚNEBRES
Por otro lado, Amo ha aludido a que la orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 dictada por el Ministerio de Sanidad, recoge que "la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto".
Sin embargo, la Junta de Andalucía dicta la "instrucción" de "restringir la comitiva para el enterramiento o despedida de cremación a los familiares más cercanos con un máximo de diez personas, incluido el sacerdote".
Es decir, "mientras los alcaldes socialistas están ofreciendo lealtad, colaboración, coordinación, compromiso y trabajo, la Junta de Andalucía se dedica a poner trabas, a generar confusión y dejar de asumir sus competencias", según ha aseverado Lola Amo, quien ha concluido que "esta crisis va de todos unidos para acabar con el virus, no de luchas entre partidos políticos o entre administraciones".
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