El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha interpuesto una denuncia por la vía de lo penal ante el TSJA contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades de la Junta por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por Covid-19 .
Según ha informado en un comunicado el CAE, los ochos presidentes de los colegios de Enfermería andaluces han determinado recurrir a la vía judicial ante la "grave situación que están sufriendo estos profesionales sanitarios, que se están jugando la vida y la de los familiares con los que conviven, así como la de los pacientes, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, guantes".
Los datos de contagios de sanitarios en Andalucía son peores que los de España, con 1.252 casos, lo que supone un porcentaje de contagios del 23 % del total de los contagios confirmados, lo que, según este organismo, pone en evidencia la situación a la que se están enfrentando los profesionales "sin medios materiales de protección para enfrentarse a esta crisis sanitaria sin contagiarse".
La constante reivindicación de este colectivo de contar con un número suficiente y adecuado de enfermeras se hace ahora más patente, ya que la situación siempre ha sido deficitaria, situándose Andalucía la penúltima en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes (459), a la cola en comparación a la media de las regiones españolas, en algunas de las cuales incluso llega a doblarse el número de enfermeras por habitante.
Para esta organización colegial andaluza es "vergonzoso que, como consecuencia de la improvisación de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su penosa gestión, no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores, no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeras y enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía".
Consideran que se está produciendo un "atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población".
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