En el contexto de las restricciones a la movilidad y la actividad económica implícitas en el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, y tras informar la Junta de que las empresas andaluzas han solicitado más de 30.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), al menos más de 5.300 de ellos en la provincia de Sevilla, UGT ha precisado a Europa Press que tales procedimientos afectan como mínimo a 43.560 trabajadores sevillanos.
Las más de 5.300 solicitudes de ERTE formalizadas en la provincia de Sevilla proceden de al menos 2.056 empresas, según UGT, cuyos datos reflejan un total de 43.560 trabajadores inicialmente afectados por estas regulaciones temporales de empleo, además de los empleados que hayan sido directamente despedidos.
Al respecto, el responsable de Política Institucional y Sindical de UGT-Sevilla, Diego Carlos García Cebrián, ha manifestado en unas declaraciones recogidas por Europa Press la preocupación del sindicato por "los sectores más vulnerables, como las empleadas del hogar o de la ayuda a domicilio", avisando de que su organización estará "vigilante para que algunos empresarios no utilicen esta situación para deshacerse de trabajadores de manera irregular".
Así, ha llamado a defender el empleo y a "evitar el deterioro y destrucción del mercado laboral con la excusa de esta crisis sanitaria".
RECUPERAR "TODA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA"
"Debemos insistir en la obligación de que cuando acabe esta crisis sanitaria, toda la actividad económica, absolutamente toda, vuelva a estar en marcha y que se tomen medidas adicionales a las puestas en marcha por el Gobierno. Es necesario complementar las medidas puestas en marcha de forma acertada por el Gobierno central con medidas especificas para la recuperación del empleo total en Sevilla y su provincia", ha aseverado.
En Sevilla, como se ha informado, hay expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) promovidos sobre las plantillas de la multinacional Abengoa, la fábrica de Renault, la empresa de vehículos de transporte concertado (VTC) Ares Capital, la empresa de teleservicios Konecta, empresas dedicadas a la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento o la logística como Ilunion, Ferrovial, Acciona, Clece o Eulen; así como en pequeños negocios en los municipios, empresas del sector de la hostelería con cafeterías, bares u obradores e incluso de Mission Box, una empresa dedicada a la gestión de la distribución de comida a domicilio.
En paralelo, este portavoz de UGT ha reclamado a los empresarios "el cumplimiento de las medidas de seguridad en los centros de trabajo para evitar la propagación del virus, porque se trata de la vida de los trabajadores y trabajadoras". "Lo primero son las personas y por ello, no podemos consentir que en los centros de trabajo no se estén cumpliendo las medidas de seguridad obligatorias decretadas por el Gobierno" para prevenir la expansión del coronavirus Covid-19.
Además, ha reclamado la creación de una "renta mínima" para quienes ante las restricciones a la movilidad y a la actividad económica implícitas en el estado de alarma implantado para detener la expansión del Covid-19, "no tienen forma de salir adelante" al tratarse de personas "vulnerables" que ven interrumpidas sus actividades sin contar derecho a prestación por desempleo por la naturaleza de las mismas.
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