El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 56,1 millones de euros a Andalucía para ayudar de las familias más vulnerables frente al covid-19. El Gobierno ha dado luz verde a un Fondo Social Extraordinario de 300 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades autónomas para reforzar políticas sociales y atender a las familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad como personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales, entre otros.
Por otro lado, ha aprobado el Fondo de Alimentación Infantil, con 25 millones de euros que fue aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Andalucía recibirá 51.718.498 euros del primero y 899.250 euros del segundo, "cumpliendo así con el compromiso del Gobierno de atender a los más vulnerables", según ha señalado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García. La comunidad es la que obtiene mayor volumen de ayudas con el 17,2 por ciento: para el reparto se ha tenido en cuenta el número de habitantes, el envejecimiento de la población y la dispersión.
Los 51,71 millones de euros permitirán financiar proyectos destinados a reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, de telasistencia domiciliaria, atender en el domicilio, en caso de ser necesario o los servicios de rehabilitación, así como adquirir medios de prevención y ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales. "Desde el Gobierno de España nos empeñamos en diseñar e implementar las medidas que sean necesarias para que nadie se quede atrás y por garantizar que se cubran las necesidades básicas de aquellas familias que hasta hace un mes ya sufrían", ha añadido la delegada.
García ha subrayado este martes que la administración central "está respondiendo al compromiso que adquirió el presidente Pedro Sánchez para atender a los más vulnerables y damnificados por las consecuencias que pueda tener el covid-19" y ha añadido que "así se ha cumplido con la aprobación, en Consejo de Ministros, de 325 millones de euros, de los que 56 millones darán cobertura a las familias en Andalucía".
A este fondo, ha explicado, "se suman otros 25 millones de euros para garantizar la alimentación a niños desprovistos del comedor escolar que hasta ahora tenían becado y al que no pueden acceder debido al cierre de los centros escolares", una cantidad que para Andalucía supondrá 4,3 millones de euros de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación a niños en situación de vulnerabilidad que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos, según el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo. El reparto, acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, trata de garantizar este derecho básico.
Se trata de niños que recibían en sus centros educativos una beca-comedor y que, ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial. Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias las familias con alumnado desde Educación Infantil hasta secundaria a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico. Las ayudas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.
"La lucha contra la pobreza infantil es uno de los compromisos que han marcado la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde junio de 2018, ya que no podemos considerarnos un país avanzado mientras haya niños que no tengan ese derecho fundamental cubierto", ha recordado Sandra García, que ha hecho hincapié en que "ese compromiso adquiere aún más sentido y fuerza en esto momentos de solidaridad".
LÍNEA DE AVALES
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos. El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.
La Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Esta línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras. Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
El aval garantizará el 80 por ciento de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70 por ciento del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 dirigiéndose a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del coronavirus. También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
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