El Ministerio de Sanidad ha admitido que la “sobrecarga” y “presión” en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de determinados hospitales les está obligando a ser “un poco más restrictivos” a la hora de admitir pacientes. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó en rueda de prensa este viernes de que el departamento está trabajando con las sociedades científicas para establecer unos algoritmos y criterios de acceso a las UCI lo más “homogéneo posibles”.
A principios de esta semana, la Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios Médicos ya avanzó que el previsible colapso de los servicios sanitarios planteará inevitablemente “conflictos éticos”. Su presidente, Ángel Fernández Gil, responde, cuestionado en cuanto a la posibilidad de establecer triajes a la hora de admitir a enfermos en las UCI, que “en ningún caso el hecho de ser enfermo de coronavirus puede ser una prioridad frente a otra patología que sea merecedora de tratamientos especiales”.
En primer lugar, “debe primar el principio de justicia”, remarca, poniendo a todos “los pacientes en igualdad de oportunidades y, posteriormente, hacer un examen clínico del caso concreto”. “Lo que es científicamente correcto, suele serlo también éticamente”, agrega. “Habrá casos en los que los profesionales sanitarios no deban hacer nada porque el paciente precise únicamente una sedación”, explica. Sin embargo, lo que no se debe hacer, subraya, “es discriminar en razón de edad, sexo o condición”.
De esta manera, apunta que “el primero que llega es el beneficiario”. “Lo tendría claro: nunca quitaría un recurso para dárselo a otro salvo, claro está, exista una indicación clínica que aconseje otra cosa”, abunda. Y remacha, no obstante: “Es más fiable el criterio de un buen médico que el de un buen protocolo”.
Respecto a la escasez de material de prevención y autoprotección denunciada por la práctica totalidad de los profesionales sanitarios y el riesgo que conlleva, Fernández Gil advierte de que “los médicos son tan víctimas como los pacientes”, y recuerda que, “como cualquier trabajador, le ampara la ley de prevención de riesgos laborales, que establece que cualquier empleado tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
“El Ministerio Fiscal y los sindicatos deberían instar a las administraciones a actuar conforme a lo previsto en la normativa legal”, plantea. “Nadie está obligado a trabajar si no se dan las condiciones de trabajo que garantice su salud”, recuerda y, aunque sugiere que “los médicos se podrían negar” a atender, asegura sin ningún atisbo de duda que “no lo harán porque, como estamos viendo, anteponen sus obligaciones deontológicas a sus derechos legales”.
Cita para dejar clara la responsabilidad de los profesionales el artículo 6 del Código de Deontología, que recoge que “el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia”. La única excepción que contempla el texto es que “sea obligado a hacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona”. Asimismo, el artículo indica que el médico se presentará voluntariamente a colaborar en las tareas de auxilio sanitario.
Precisamente este viernes, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos informó por medio de un comunicado que, en Andalucía, 714 médicos en activo que en este momento no desempeñan una labor asistencial, médicos jubilados, graduados en Medicina que están preparando el MIR y estudiantes de Medicina que está cursando el último año en formación han ofrecido sus servicios en solo 48 horas.
En cuanto a la falta de información respecto a los afectados y los fallecidos por coronavirus y su localización desde el inicio de la crisis sanitaria, Fernández Gil apela al derecho al secreto médico y especula, dejando meridianamente claro que esa cuestión “trasciende del conocimiento de la Comisión de Deontología y Ética, que “quizá no se quiere señalar determinadas poblaciones o que pudieran verse afectadas en otras esferas de la estrictamente sanitaria”.
En cualquier caso, pide que pongamos luces largas para afrontar la situación. “La valoración de las decisiones adoptadas precisará en un futuro un análisis pormenorizado del conocimiento de la enfermedad en el momento temporal en que fueron adoptadas y de las recomendaciones existentes en su momento”. Entre tanto, reitera, en la línea de instituciones y autoridades sanitarias, que “el control de la epidemia depende, en gran medida, de todos y cada uno de los ciudadanos, que estamos obligados a cumplir con responsabilidad todas las indicaciones que transmitan las autoridades a través de informaciones oficiales”.
Y señala, finalmente, al punto 6 de la declaración suscrita por la comisión que preside: “La estrategia preventiva de contención de la epidemia supone una responsabilidad personal y un compromiso ético que todos hemos de cumplir; la disminución de los contactos comunitarios y el cumplimiento de las medidas higiénicas limitan la difusión del contagio y el progreso de la epidemia, lo cual es obligado para el mejor aprovechamiento de los recursos sanitarios”.
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