La Diputación de Jaén ha adoptado una serie de servicios mínimos y medidas de carácter temporal para garantizar la prestación efectiva de servicios a la ciudadanía y el mantenimiento de procedimientos que son fundamentales para que los proveedores que los prestan puedan seguir cobrando y así poder retribuir a sus empleados.
El objetivo, según se ha informado desde Diputación, es que "este frenazo económico sea lo menos perjudicial posible" y paliar los efectos económicos adversos de la crisis del coronavirus en la provincia de Jaén.
La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, ha indicado que una de las líneas de trabajo que están intensificando durante el estado de alarma es "el pago a proveedores para inyectar dinero en la economía provincial y ayudar a evitar la destrucción de empleo".
Así, "esta semana estamos gestionando el pago de más de 200 facturas, algunas de gran calado como la factura mensual de Resurja, que supone 2,1 millones de euros, una empresa mixta de la Diputación que tiene a su cargo 700 empleados".
De igual forma, también se ha procedido al pago de la factura de las empresas Clece y Macrosad, que, según Parra, alcanzan "una facturación mensual de 2,8 millones de euros y que pagan nóminas a 1.800 mujeres de la ayuda a domicilio que tan importante labor están realizando en los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes".
También se están abonando "certificaciones de obras a empresas de la construcción, algunas tan relevantes y de importantes cuantías como las del Olivo Arena, o actuaciones en carreteras, junto con otras muchas facturas de las distintas áreas de la Diputación".
En este contexto, Pilar Parra ha subrayado que "con muy pocos efectivos presenciales, pero con mucho teletrabajo, está siendo posible seguir trabajando por la provincia, las empresas y los ayuntamientos, además por supuesto de tener resuelta la nómina de los 1.500 trabajadores con los que en la actualidad cuenta la Diputación Provincial".
En esta línea de trabajo, la Diputación ha decidido que "mientras se mantenga la actual situación de estado de alarma se amplíen los periodos de cobro en voluntaria, así como la suspensión de determinados plazos y actuaciones".
Así, tanto el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y también el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales prolongarán su periodo voluntario de pago en tres meses, por lo que el plazo de ingreso en período voluntario de estos tributos queda fijado entre los días 1 de abril y el 7 de septiembre de 2020 en lugar del inicialmente aprobado, que comprendía las fechas del 1 de abril al 5 de junio de 2020. Las fechas del cargo de los recibos domiciliados correspondientes a esta cobranza voluntaria se extienden también un mes más.
Además, se ha ampliado el periodo voluntario de pago de todas las liquidaciones emitidas y notificadas con vencimiento 20 de marzo, 5 de abril, 20 de abril, 5 de mayo de 2020 y 20 de mayo de 2020; ese plazo se alarga hasta el 5 de junio de este año en todas ellas y será susceptible de ampliación en el caso de prórroga del estado de alarma.
Igualmente se dilata el periodo voluntario de pago de todas las sanciones emitidas y notificadas con vencimiento a partir del día 19 de marzo de 2020, cuyo plazo en periodo voluntario se amplía al 5 de junio, un tiempo que también se podrá prolongar en el caso de prórroga del estado de alarma.
Por último, se suspenden todos los plazos para la presentación de solicitudes, recursos de reposición y reclamaciones durante el plazo de 30 días; igual que los establecidos para atender requerimientos, presentar declaraciones y formular alegaciones; la emisión de notificaciones; y las actuaciones de embargo en toda la provincia, todas ellas también en el plazo de 30 días. Estos plazos serán susceptibles de ampliación en el caso de prórroga del estado de alarma.
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