Cádiz arrancó el año 2020 con 864 denuncias activas por personas desparecidas, situándose entre las provincias con más casos en proporción a su población. De acuerdo a los datos recogidos en el informe elaborado por el Centro Nacional de Desparacidos (Cndes), con números de 2019, Cádiz tiene, junto con Granada y Almería, un índice superior a 30 casos por cada 100.000 habitantes, colocándose entre los primeros puestos del ránking nacional.
Al respecto, el documento concreta que “Cádiz, Málaga, Granada y Almería son las (provincias) que encabezan la lista por orden de importancia de hechos denunciados por desapariciones de menores de edad” y explica que estas provincias “cuentan en sus localidades con centro de acogidas de menores”.
El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, confirma que, efectivamente, entre los casos activos se incluyen los menores internos en centros que, fugados, no llevan más de seis meses desaparecidos. De manera que las cifras totales están distorsionadas.
Más todavía si a las 864 activas se suman las incluidas en la categoría de denuncias cesadas-latentes, porque estas cuentan también a los menores internos en centros que han cumplido más de 18 años y los que, sin ser mayores de edad, llevan más de seis meses sin que se conozca su paradero. En Cádiz, se contabilizaban la friolera de 4.499 casos a principios de 2020.
Atendiendo a estas variables, no extrañan los números aportados por el Ministerio de Interior sobre edad y nacionalidad. El grueso de las denuncias, incluyendo activas, cesadas-latentes y cesadas (11.564), corresponde a marroquíes (7.098), con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (10.000, el 86,5%). El segundo grupo, por origen, es español, con 2.645 denuncias, así que, aunque lo es en gran medida, el efecto difuminador no se debe exclusivamente a los menores extranjeros no acompañados (menas).
Tras este dramático problema social, está el de otras cientos de familias que se enfrentan a la duda de saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Amills señala que, entre estos desaparecidos hay un amplio abanico, en el que se incluyen mayores, jóvenes con problemas de salud mental, huidos por actos delictivos e incluso personas que han abandonado sus entornos de manera voluntaria pero sin comunicarlo.
El coordinador nacional de la entidad admite que es prácticamente imposible adelantarse a una desaparición, salvo si se trata de ancianos con algún tipo de demencia o personas con enfermedades mentales, que podrían portar, tal y como ha planteado la asociación, geolocalizadores. Pero sí es posible resolver el caso si se denuncia pronto.
En este sentido, tacha de bulo que sea necesario esperar 48 horas para advertir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Hay que denunciar lo antes posible porque las primeras horas son claves”, remarca. E insiste: “Es más fácil investigar un crimen que una desaparición”. Salvo el testimonio de los allegados, Policía Nacional o Guardia Civil apenas cuentan con información. La Policía Local no recibe automáticamente las alertas.
De ahí la importancia de activar todos los recursos posibles con urgencia. SOS Desaparecidos trata de facilitar el trabajo de las autoridades. Amills explica que en cuanto conocen el caso, los voluntarios tardan solo entre 10 y 30 minutos en darle difusión. Las redes sociales han permitido multiplicar la eficacia de sus acciones. En 2019, registraron 96 millones de impactos, entre Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp y correo electrónico. Además, informan a taxistas y hasta han firmado un acuerdo con la red de cajeros ATM para que la foto del desaparecido aparezca en más de sus 3.000 pantallas en aeropuertos, estaciones marítimas, tren, centros de ciudades, durante 8 segundos cada medio minuto.
La dificultad de aceptar una desaparición da paso, con el tiempo, al enfado y a la indefensión. Con la legislación actual, no se puede declarar a nadie fallecido antes de los 10 años sin tener noticias. La asociación pide que el plazo se reduzca a tres años porque genera problemas burocráticos como la imposibilidad de vender una vivienda o dar de baja a un vehículo. Todo esto, apunta Amills, solo sirve para arrojar más dolor a un sufrimiento que el equipo de SOS Desaparecidos trata de mitigar para “sobrevivir con la ausencia”.
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