Al grito de “Pavero no se cansa”, Samuel de 26 años y Cintia de 27 han logrado paralizar un desahucio del Banco Santander que les dejaba en la calle junto a sus dos hijos menores de edad, Antonio de tres años y Cintia de seis. Varios son los vecinos y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga (Pah) los que han arropado a esta familia y les han acompañado en su lucha.
La entidad les ha dado de plazo hasta el próximo 1 de julio para abandonar una vivienda, que estaba prácticamente en estado de abandonado cuando la ocuparon: “Esto era una pequeña chabola”, ha recordado Samuel.
“Me metí porque tenía a mi niña recién nacida y no tenía otro sitio”, ha indicado este padre, añadiendo que entraron, en el piso situado en la barriada de Monte Pavero, hace unos siete años.
El inmueble estaba en mal estado, por lo que tuvieron que pintar y adecuar la vivienda para poder habitarla: “No tenía ni ventanas, la ventana de la concina y de los cuartos las tuvimos que poner nosotros y en la del salón hemos puesto un tablón”, ha dicho Cintia, señalando uno de los cristales.
“La arreglamos para poder vivir, no tenía ni enchufes”, ha asegurado, a lo que su pareja ha añadido que tuvieron que “pintar, no había luz, agua y muebles”. Actualmente la vivienda no está amueblada completamente, tienen lo básico: “No tengo dormitorio para los niños, solamente una cama y poco más”. Por ello, Samuel duerme junto a su hija en el sofá y Cintia en el colchón con el menor de los niños.
Samuel ha insistido en que solo quiere llegar a un acuerdo con el Santander “para poder vivir, para que mis niños no estén en el calle”. Esta familia pide un alquiler social, al que pueden hacer frente ya que el padre trabaja en la hostelería: “El día 26 de agosto cumple mi contrato temporal, pero me hacen fijo directamente. Soy una persona responsable, puntual y un buen trabajador”, ha afirmado.
Ante dicha solicitud el Santander se ha negado en reiteradas ocasiones. “Cuando entregué la primera vez los papeles para pedir un alquiler social al banco yo estaba en paro y no quieren porque somos ocupas”, ha manifestado. Asimismo, varias han sido las ocasiones en las que la entidad no ha dado respuesta a esta familia, incluso teniendo la ayuda de 550 euros para el alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda y también cuando Samuel encontró un trabajo.
Por su parte, Cintia ayuda a sus padres a vender fruta en el mercadillo, cuando no se tiene que hacer cargo de los menores, y así obtener “un extra para poder tirar para adelante”, ha subrayado esta madre.
En cuanto a la niña de seis años y al pequeño de tres, los progenitores han asegurado que los menores son conscientes de lo que está pasando: “Preguntan que si nos vamos a ir de la casa, que si va a venir la policía y eso para un niño tan pequeño no es nada bueno”, ha lamentado Samuel.
El desalojo paralizado esta mañana es al segundo al que se enfrenta esta familia, siendo el primero hace tres años en la misma casa. Ahora, Samuel ha mantenido que seguirán luchando por una vivienda “digna para nuestros hijos”, sentenciando que quiere dejar claro al banco que “no me niego a pagar, quiero pagar un alquiler social”.
Críticas de la Pah
Desde la Pah han celebrado esta pequeña victoria, pero una de sus portavoces, Paqui Pascual, criticado que la entidad “le ha tenido durante todos estos años pidiéndoles documentación para un alquiler social, que no les conceden”.
“Incluso el pasado viernes estuvimos allí, que Samuel ya ha encontrado trabajo, y silencio otra vez”, ha ejemplarizado, agregando que los bancos “lo que quieren es lanzar a la calle a las familias y especular”.
Así, ha reivindicado que “si no quieren fomentar la ocupación, que pongan las viviendas del fondo social que tienen todos los bancos, incluido el Santander, visibles. El Santander sí desahucia y desahucia masivamente”, ha alertado Pascual, ha sido una de las integrantes de la plataforma que ha acompañado y aconsejado a la familia durante el proceso de desahucio.
Por último, ha advertido que Samuel y Cintia junto a sus dos hijos se encuentran en riesgo de exclusión, según un informe realizado por los Servicios Sociales.
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