La Junta de Andalucía y el Parlamento han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones formativas para los empleados de la Cámara, de manera que el Instituto Andaluz de Administración Pública llevará a cabo este tipo de actuaciones para buscar un sector público más eficiente.
El convenio, firmado por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, incluye actividades docentes, de gestión del conocimiento e investigación y de cualquier otro ámbito que permita fortalecer la administración pública y la gestión.
Bosquet ha dicho que tras 22 años de colaboración había "muchas cuestiones que era necesario actualizar" en materia de colaboración de recursos materiales y humanos, por lo que entiende que se da "un paso adelante" para avanzar en "eficacia y eficiencia".
El consejero ha señalado que este convenio permite seguir "estrechando vínculos" entre el área de Administración Pública y los trabajadores del Parlamento para una "formación permanente".
La colaboración entre la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y el Parlamento de Andalucía, instrumentada a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, se lleva a cabo desde 1998, momento en el que se suscribió el primer convenio de colaboración entre ambas instituciones.
El personal del Parlamento tiene acceso a la oferta anual del Instituto, unos 900 cursos, así como a la posibilidad de homologar las acciones formativas impartidas por la Cámara y la organización de una media de seis cursos anuales del plan interadministrativo, dos propuestos por la Cámara de Cuentas, dos por el Defensor del Pueblo y dos por el Parlamento.
A lo largo de esta etapa se han desarrollado en total más de 120 acciones formativas y más de 2.400 horas de formación con la asistencia de todo el personal del Parlamento interesado.
Con el nuevo convenio se pretende "dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad cuyo dinamismo y evolución continua demandan cambios a las Administraciones Públicas, abocadas a satisfacerlos en su vocación de servicio público", según la Junta.
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