Nuestra Constitución, en su artículo 28.2, establece que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. De esta forma, cualquier trabajador que pueda ver mermados sus intereses puede afrontar de manera reivindicativa su derecho a huelga.
Esto es lo que sucedió ayer en el ámbito educativo en Andalucía.
Una huelga que, desde mi punto de vista, sus motivos de realización son bastante confusos. Se ha convocado bajo los parámetros de la “defensa de la escuela pública”, cuando estimo, según los datos que me llegan, que precisamente ocurre en la actualidad lo contrario. Se tienen mayores recursos que hace años en la educación pública.
Todo ello se ha originado por un decreto de escolarización que ha planteado la Consejería de Educación donde se opta por una mayor libertad de los padres a la hora de elegir los centros educativos. Se trata de un decreto que viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento que vienen a aumentar garantías para los progenitores frente a la educación de sus hijos. En definitiva, leyendo el decreto, lo que se pretende es avanzar en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto educativo que quieren para sus hijos.
Esto desde la perspectiva de la izquierda actual no se concibe. Ya nos dijeron en su momento que los niños no nos pertenecían a los padres. Por tanto, ¿por qué vamos a elegir, desde su punto de vista, el centro donde queramos que se eduquen?
Como en otras ocasiones, estoy convencido que la mayor parte de los huelguistas no se han leído el decreto por el que deciden parar de trabajar un día. ¿Quién puede estar en contra de la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir un centro? ¿No pregona la “izquierda” española la libertad como bandera? En otras cosas sí, en esta parece ser que no.
Lo curioso es que parecidas condiciones planteó el Gobierno de Andalucía en los años 2007 a 2011. Entonces no hubo movilizaciones ni huelgas.
Les reconozco que a mí me gusta el decreto porque pone en valor la calidad educativa fomentándola. Estoy convencido que tanto en la educación pública como en la sostenida con fondos públicos, es decir, la concertada existen magníficos profesionales. ¿Por qué se parte entonces de la premisa de que las familias van a decantarse por la concertada en detrimento de la pública? Pues se realiza desde una concepción moral que presupone por parte de los convocantes que están en inferioridad. Yo precisamente apuesto por lo contrario. Creo en los profesionales del sistema educativo.
¿Están también los convocantes en contra del apoyo a las familias numerosas y monoparentales y a la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil?
Me van a perdonar los que no estén de acuerdo con lo que les voy a decir en esta columna. Creo que esta convocatoria de huelga es meramente política, es decir, se convoca porque no está en el Gobierno de la Junta de Andalucía el partido que ha estado treinta y siete años en el mismo.
Y una última reflexión sobre este asunto. Se cierran ahora menos unidades (por falta de niños, no por otra cosa) que en la etapa anterior del PSOE, hay mayor presupuesto que en esos años, los interinos de años en la educación gozan de nuevas convocatorias en las que pueden convertir su plaza en fija, ¿dónde está el desmantelamiento de la educación pública que pregonan algunos? Se lo voy a contestar: está en la necesidad de recuperar un Gobierno que precisamente perdieron por la mala gestión que hicieron durante muchos años.
No se dejen manipular. Sean ciudadanos críticos y evalúen las situaciones en su conjunto y no de manera sesgada. Seguro que nos va mejor a todos.
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