El sector olivarero de Jaén ha recibido, por lo general, con satisfacción pero a la vez con cautela las medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros para intentar revertir la grave crisis de precios en origen. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, valoró anuncios como la prohibición de la venta a pérdidas, la inclusión de la referencia del precio de producción en los contratos entre agricultores, la industria y la distribución, la prohibición de las prácticas desleales para la producción de los agricultores o la mejora en la estructuración de la oferta para que esta pueda ser más potente. Eso sí, Madueño señaló que la negociación sigue aún abierta y advirtió que “el olivar tradicional no puede recibir el mismo trato que el olivar intensivo”. En la misma línea, el PSOE de Jaén aplaudió las medidas del Gobierno porque suponen “un paso más” a la hora de dar respuesta a las necesidades planteadas desde el sector olivarero tras los dos años que vienen soportando precios en origen del aceite de oliva por debajo de los costes de producción, en palabras del diputado y portavoz adjunto del PSOE en Agricultura, Juan Francisco Serrano.
La UPA calificó de “conquista histórica” la prohibición de la venta a pérdidas,aunque advirtió que “esto no acaba aquí, las movilizaciones seguirán”. Por cierto que UPA propondrá que se prohíba el almacenamiento de aceite de oliva extranjero en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Lo hará en la reunión de la fundación, convocada para el 12 de marzo. De ahí que desde la organización agraria haya hecho un llamamiento al resto de los patronos para que secunden y apoyen la iniciativa para “llevarla a efecto a la mayor brevedad posible”. Y todo ello lo justifica en “el importante aumento de las importaciones de aceite de oliva que está agravando, aún más, la delicada situación del sector”. También el secretario provincial de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, valoró las medidas aprobadas, pero dijo que hay que seguir trabajando para dar respuesta a los problemas estructurales del sector.
Las críticas llegaron desde la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, para quien las medidas aprobadas por el Ministerio “son insuficientes y llegan tarde”. Según Crespo, “el objetivo de las medidas adoptadas parecen estar dirigidas a frenar las movilizaciones del sector”, al tiempo que hizo hincapié en que para poder evaluar su impacto “habrá que esperar al menos un año”. Por otro lado, también criticó que el Gobierno central no ponga “recursos económicos encima de la mesa” para paliar la situación que viven los productores, como sí se ha hecho en otros países como Francia o Alemania. Crespo explicó que en la norma se echa en falta también una propuesta de rebaja del IRPF a los agricultores, compensaciones que influyan en los altos costes de producción, como bonificaciones a la seguridad social o la energía, medidas de promoción y el aumento del personal en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF). “Aún hay mucho por hacer”, dijo Crespo, que incidió en la importancia de que se realicen “controles exhaustivos de fitosanitarios de todos los productos que proceden de terceros países”. En la misma línea, el gerente provincial de Asaja, Luis Carlos Valero, tildó de “insuficientes” las medidas y criticó que vengan sin presupuesto.
De otro lado, la Subdelegación del Gobierno ha cifrado en cerca de 120.000 euros los daños en la A-4 durante las protestas olivareras del pasado 30 de enero y de este martes. Los últimos daños en sumarse han sido los del camión de Marruecos cuya carga de verduras y hortalizas fue arrojada e incendiada en la calzada, además de pincharle cinco de sus ruedas. La subdelegada,Catalina Madueño, indicó que por el corte de este martes durante siete horas en la A-4 no se ha registrado ninguna detención, aunque precisó que “a partir de ahora la Guardia Civil llevará a cabo la identificación de algunas personas que participaron”.
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