El Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han movilizado este miércoles ante el desahucio de una mujer de 41 años "víctima de violencia machista" y sus hijos de 6 y 15 años, "a instancias del Gobierno Vasco, sin que las instituciones les hayan ofrecido una solución definitiva y sin que las tres personas tengan claro cuál puede ser su futuro inmediato".
Según han informado, el desalojo se ha realizado por orden del juzgado de primera instancia número 1 de Barakaldo alrededor de las 9.15 horas, en la calle La Felicidad. La comisión judicial ha estado acompañada por efectivos de la Ertzaintza, mientras en el exterior decenas de personas protestaban en demanda de "vivienda digna" y contra los desahucios.
En esta ocasión, han denunciado Argitan y Berri-Otxoak, el desalojo se ha producido "a instancias de la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, que sólo en 2018 desahució a 184 familias vascas".
Tras destacar que "cada semana se produce una media de cuatro expulsiones de sus casas en Barakaldo", las organizaciones convocantes de la movilización han explicado que, en el caso de hoy, "pese a sus repetidas peticiones y pese a ser víctima de violencia machista, la familia ha vivido amenazada de desahucio más un año y medio sin que las instituciones ofrecieran una salida definitiva y digna".
Los colectivos han subrayado así mismo "la angustia que viven, por esta situación, tanto la mujer como sus hijos". "El futuro de esta barakaldesa y de los menores es incierto", han advertido estos colectivos.
El desahucio fue inicialmente anunciado para el verano de 2019, pero se aplazó el 30 julio. Antes y tras esta medida judicial, la mujer "ha intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional, pero ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni Alokabide han atendido durante meses a la familia", han denunciado Argitan y Berri-Otxoak.
Además, han explicado que esta mujer, por sugerencia de la oficina del Ararteko, ha remitido en dos ocasiones un escrito pidiendo alternativas dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide del Gobierno Vasco en mayo del 2018 y el pasado 18 de noviembre, "sin recibir respuesta".
Argitan y Berri-Otxoak han denunciado que "las administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones del relator especial de la ONU sobre la pobreza, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados".
PAPEL MOJADO
La asociación feminista y el grupo contra la pobreza han denunciado, así mismo, que este nuevo desalojo evidencia que "es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado en febrero del año pasado".
Argitan y Berri-Otxoak han recordado que el compromiso de actuación para estas situaciones contempla que los servicios sociales de base deben "dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente, cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia".
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