El equipo de gobierno municipal ha dado a conocer este miércoles una sentencia que ha considerado como “un asunto de gravedad”, y que califica como “Una de las grandes herencias que hemos recibido de la gestión del anterior equipo de gobierno”. “Se trata de la sentencia que hace unas semanas dictaba el Juzgado de lo Social número 2 de Jaén, en relación con una demanda que había presentado un antiguo eventual de este Ayuntamiento, en concreto hablamos del que fuera coordinador de Recursos Humanos, José Manuel Rosales, que desempeñó esta función entre 2007 y junio de 2019, siendo cesado con motivo del cambio de gobierno”, ha señalado el alcalde, Marino Aguilera, en comparecencia de prensa.
“Ya durante la legislatura anterior fueron varias las preguntas que hicimos, tanto en ruedas de prensa como en el pleno, sobre la dedicación que tenían determinados empleados eventuales, ya que un trabajador eventual es una contratación discrecional que permite la ley por motivos básicamente de confianza, pero también es cierto que la ley limita bastante las funciones del trabajador eventual, y en ningún caso un trabajador eventual puede asumir funciones de técnico o de funcionario. Ya preguntamos por las funciones realizadas por un eventual, ya que se le contrató para temas de transparencia, y luego veíamos que estaba desarrollando otra serie de actividades. Estamos ante un caso similar. A un trabajador se le contrata para unas funciones. Pasan por pleno esas funciones a principio de legislatura, pero, al día siguiente comienza a desarrollar otras muy diferentes, con total connivencia del equipo de gobierno socialista. Eso ha hecho que esta persona vaya al juzgado, demandando que ha sido un despido, y el juzgado le haya dado la razón”, ha añadido Aguilera.
En relación con esta sentencia en la que el Juzgado de lo Social reconoce como despido improcedente la demanda efectuada por José Manuel Rosales, el teniente de alcalde y concejal de Aldeas, Empleo y Formación, Ángel Montoro, ha señalado que “es bastante curioso en relación con el fallo de la sentencia, que parcialmente condena al Ayuntamiento, el que no se tiene en cuenta toda la antigüedad del trabajador, ya que este, en un primer momento, solicita una indemnización por despido improcedente, teniendo en cuenta su incorporación al Ayuntamiento en el año 1996, si bien la sentencia le reconoce esa antigüedad desde el año 2007, que es cuando él es nombrado coordinador de Recursos Humanos”. “El principal fundamento para darle la razón al trabajador, es el testimonio que lleva a cabo el antiguo secretario del Ayuntamiento, durante el período 2014-2018, Francisco Fernández Llera, el cual declara que él, desde que se incorporó al Ayuntamiento, informó al anterior equipo de gobierno que las funciones que estaba desarrollando este trabajador no se correspondían con el cargo que ostentaba, sino que estaba desarrollando funciones técnicas. La sentencia supone el reconocimiento de una indemnización superior a los 52.000 euros, que tendrán que salir de las arcas municipales. Esta sentencia no es firme, y ante la misma ya se ha interpuesto un recurso, por parte del trabajador, también recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, solicitando que se reconozco la antigüedad desde el año 1996. Si este recurso prosperara, la indemnización no sería de 52.000 euros, sino de cerca de 120.000. Creemos que el anterior equipo de gobierno, que muchas veces nos achaca el sello socialista de las medidas, tiene que explicar por qué haciendo caso omiso al criterio, en este caso del secretario, no actuó ajustando las funciones del señor José Manuel Rosales a lo que establecía su cargo de confianza”.
El alcalde, Marino Aguilera, ha querido recalcar en la comparecencia que “Aquí se ha estado cometiendo un fraude de ley, el trabajador, empujado incluso por el anterior equipo de gobierno socialista, se ha extralimitado en sus funciones para acabar haciendo de técnico. Por ejemplo, en las mesas de negociación actuaba como secretario, cuando la ley establece que tiene que ser un funcionario. Determinados sindicatos lo pusieron de manifiesto en varias ocasiones”. “En el desarrollo del juicio, que tuvo lugar en los meses de diciembre y enero, me gustaría recalcar que se mandó notificación para su asistencia a juicio al anterior alcalde, Carlos Hinojosa, como a la anterior concejala de Empleo, Cecilia Alameda, ya que estaban citado en calidad de testigos, y se perdieron del mapa durante esos días y fue imposible entregarles la notificación. De hecho, llegaron a ausentarse de las comisiones informativas del día 11 de diciembre, cuando les estaba esperando la notificación para el juicio, lo cual nos parece que es un acto de auténtica cobardía, porque son totalmente responsables de lo que aquí ha ocurrido”. “Es evidente que vamos a tratar de evitar que los alcalaínos paguen de su bolsillo esta sentencia, por lo que estamos estudiando emprender acciones legales sobre los responsables”, ha finalizado Marino Aguilera.
En este mismo sentido, Ángel Montoro ha manifestado que “estamos estudiando por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento esta situación, ya que creemos que se puede haber producido un delito de prevaricación, y vamos a estudiar tomar medidas jurídicas ante los anteriores responsables para que, patrimonialmente, tengan que hacer frente a esta irresponsabilidad que llevaron a cabo con la connivencia de todo el grupo municipal y sobre las declaraciones del secretario, advirtiendo de que se estaba cometiendo un fraude de ley sobre esta persona”.
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