Durante esta cita, en la que se vio las caras con el también diputado -por el PP-, José Ignacio Landaluce. De la Encina explicó que el Ministerio del Interior ha abortado las gestiones para trasladar el centro a alguna instalación militar en desuso “porque las condiciones para los inmigrantes no serían mucho mejores”. Además, sentenció que “en estos tiempos de crisis, a fecha de hoy es inviable un nuevo centro aquí en Algeciras”, entre otras cosas porque “no existe suelo municipal disponible”.
Por todo ello, anunció que el próximo lunes comenzará “un proyecto inmediato de reforma y mejora” del CIE de La Piñera, que incluirá actuaciones en los lavabos, dormitorios y el patio del recinto, con una cuantía de 100.000 euros. La reforma supondrá, igualmente, el descenso de 190 a 150 en el número de plazas.
Seguridad
El presidente local del PP, José Ignacio Landaluce, solicitó una mayor protección para los policías, ya que, en su opinión, los agentes estarían en graves dificultades por su notoria inferioridad en caso de un motín o incidente grave. Landaluce argumentó esta opinión en que en los CIEs pueden existir “personas muy violentas”.
Landaluce recordó que el CIE “no reúne las condiciones dignas” y defendió su traslado a otras “en zonas donde haya aeropuertos y existan unidades de policía especiales” que puedan intervenir rápidamente en caso de motín. Asimismo, Landaluce se lamentó de que hace tres meses pidió visitar el CIE y no le han contestado.
Preguntado ante la posibilidad de que los medios de comunicación, así como las organizaciones no gubernamentales, puedan tener acceso al CIE, el diputado comentó que ahora eso es “imposible”, aunque la reforma en trámite de la Ley de Extranjería “establece la colaboración de las ONGs de manera efectiva”.
En la mesa redonda intervinieron los abogados José Luis Rodríguez Candela y Carlos Rodín. Este último se lamentó de que “los actos de internamiento se están realizando como meros trámites” y no en casos excepcionales.
A ello agregó Candela que la Ley de Extranjería “ha ido teniendo ampliaciones” que han desembocado en la polémica Directiva Europea de Retorno, que amplía hasta 180 días la estancia máxima en los CIEs.
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