Diego Valderas, coordinador regional de IU, era el primero en sacar a la palestra la situación económica, acusando al presidente de “engañar” a los andaluces al presentar un presupuesto que desciende un 0,1% cuando es del 3% al incluirse 748 millones de deuda histórica que no son “dinero contante y sonante”.
Tras criticar que se resignen a perder 50.000 empleos más, tachó de “miserables” los 50 millones que destinarán al programa Andalucía Sostenible para cambiar el modelo productivo.
Griñán, que le recordaba a Valderas que los presupuestos aún no están cerrados, defendía que la Junta tire de endeudamiento para garantizar un presupuesto de crecimiento nulo pero con un gasto igual al del pasado año cuando la Ley lo permite y se ahorró en tiempos de bonanza.
Apuntó que para impulsar la actividad económica, la participación del gasto social en el PIB y en el presupuesto se incrementará, lo que permitirá dedicar más recursos a la educación, al conocimiento y a I+D+i, en un marco de “extraordinaria austeridad”.
Como en otras ocasiones, cuestionó el debate sobre las izquierdas que muchas veces saca a colación Valderas y le retó a decir, con el sistema de financiación actual y el escaso margen fiscal, cómo sacar los 4.000 millones en la reforma fiscal que plantearon y que fue rechazada por el Pleno.
Del debate ideológico se pasó al de los liderazgos con el presidente del PP, Javier Arenas, con cruces de acusaciones a cuenta de quien es el que manda en el PSOE andaluz o en el PP nacional, alusiones al caso Gürtel, a los escasos ahorros de Chaves o a los dimes y diretes del PSOE andaluz.
Griñán se defendía apuntando que el liderazgo “se conquista y se ejerce” y en Andalucía “los socialistas sabemos perfectamente quién tiene el liderazgo, quien gobierna y cómo gobierna”, y Arenas lo tachaba de “teórico de los planes en un gobierno de papel” pendiente de reafirmar su liderazgo “sin que nadie le pregunte”.
La pregunta de Arenas iba sobre las desigualdades existentes en Andalucía y sólo sirvió para constatar que tienen una visión muy diferente de la Comunidad y que ambos achacaban al desconocimiento de la realidad andaluza, “el mejor chiste de Griñán”, según el popular.
Echando mano de datos e informes, algunos los mismos, Arenas criticaba que los andaluces sean los que más impuestos pagan y los que peores servicios públicos reciben, y Griñán defendía el salto generalizado de la Comunidad que es “un estímulo porque queda mucho por hacer”.
“Lo que usted sabe es consecuencia de la moqueta y el laboratorio” le decía Arenas para que Griñán le contestara que tenía que quitarse “las gafas negras y mirar la verdadera realidad”.
También durante la sesión plenaria, las referencias de la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, a la presunta vinculación de una miembro de la Mesa de la Cámara con el ‘caso Astapa’ de Estepona y la intervención de la que se sintió aludida, la socialista Marisa Bustinduy, terminaron ayer con un enfrentamiento entre la propia Oña, el popular Antonio Sanz y Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento a cuenta de a quien le otorgaba la palabra con alusiones que terminó con el abandono momentaneo de la bancada popular del salón de plenos.
Oña también estuvo en el centro de la polémica tras retirarse a petición del PP una pregunta al Gobierno sobre el Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por ella.
El PP amenaza con una querella por el tema de Sandetel
Por otra parte, el PP anunció ayer que presentarán una querella si la Fiscalía no investiga las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en el ejercicio de 2007 en Sandetel, puesto que “no puede ser que la Junta, además de despilfarrar, se dedique a incumplir la Ley”.
El amago de querella lo realizaba el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, tras pedirle a la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que aceptase una comisión de investigación en el Parlamento sobre la gestión de Sandetel, donde se han producido irregularidades que van desde el tráfico de influencias, la prevaricación o la cesión ilegal de trabajadores, lo que significa incumplir al menos seis leyes.
Además, Sanz aprovechó para cuestionar que la Junta destine 3.000 millones de euros a las empresas públicas, que además incurren en un déficit de mil millones de euros
“Nosotros ya hemos llevado el informe a la Fiscalía por indicios de responsabilidad contable manifiesta”, apuntaba para añadir que “si no va a hacer nada, presentaremos una querella porque no puede ser que la Junta, además de despilfarrar, se dedique a incumplir la Ley”.
Por su parte, la consejera acusó a Sanz de hacer un debate “bronco” cuando sobre las empresas públicas hay que hacer un debate “lo más sosegado posible”, rechazando sus “juicios de valor que no son más que una cortina de humo”.
Según señaló, el sector empresarial público no puede incurrir en pérdidas y están para prestar servicios y ayudar a la Junta al cumplimiento de sus acciones. “¿No creo que el PP esté en contra de que la Junta destine 87 millones a la empresa pública de gestión del hospital del Alto Guadalquivir?”, le preguntaba para puntualizar que el sector empresarial público andaluz sólo representa el 0,2% del PIB.
La consejera de Economía y Hacienda también invitó ayer al PP a esperar a la redacción final de los Presupuestos de la Junta de Andalucía (PJA) para 2010 y comprobar dónde se materializará la reducción de los sueldos de los directivos y altos cargos de la Administración andaluza reclamado por la Cámara, después de que los populares le reclamaran cumplir con lo aprobado en el Parlamento.
Antonio Sanz instaba a la consejera a “dar ejemplo” con la bajada de los sueldos de los 18 directivos de la RTVA que cobran más que Griñán para así cumplir con la resolución parlamentaria y criticaba que diferenciaran entre unas empresas públicas y otras.
Martínez Aguayo, que invitó al PP a esperar para comprobar que se cumple la indicación parlamentaria a los PJA, volvió a reiterar que el Gobierno andaluz contempla una reducción de los sueldos de los directivos de las empresas públicas propias de la Junta, no así de las que tienen carácter mercantil, mientras que no intervendrá en las de extracción parlamentaria, como es la RTVA.
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