Los responsables de las organizaciones sin ánimo de lucro que se han quedado sin las ayudas concedidas provisionalmente por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) entre finales de octubre y principios de noviembre y denegadas a solo unos días de concluir el plazo de justificación, el 27 de diciembre, han pasado de estar estupefactos e indignados (unidas en torno al movimiento de protesta Tren de la Dignidad) a manifestar abiertamente la preocupación por la continuidad de los proyectos dirigidos a la lucha contra la violencia de género, el fomento de participación y contra la exclusión social.
Ángeles Moreno ha paralizado el ingreso de las drogodependientas que han encontrado en el hogar que dirige su entidad, Aprende a Vivir, en Conil desde 2017, un refugio único en Andalucía para escapar de sus adicciones y, sobre todo, un espacio para recuperar la salud, la confianza y el futuro. Afirma que esperaban cobrar pronto la subvención, en su caso unos 12.000 euros para costear el alquiler del inmueble. “Iba a ser nuestro regalito de Reyes”, asegura que le adelantaron en diciembre por teléfono responsables técnicos del IAM. Sin embargo, justo antes de acabar el año recibieron un mazazo: su proyecto se caía del listado definitivo de solicitudes aprobadas, junto a otros 36 en la provincia, por un cambio de criterio de la Intervención General.
El órgano fiscalizador determinó que cada acción recibiría el 100% del dinero solicitado, de modo que los grandes planes sumaban la mayor parte y, a diferencia que en ediciones anteriores, los cuatro millones dispuestos para el conjunto de la región dejaban de repartirse de forma prorrateada, según los puntos obtenidos en la baremación, para beneficiar al máximo de entidades. De esta manera, de las 42 asociaciones y 53 proyectos que recibirían ayuda según la primera resolución del IAM, por un importe acumulado de 687.454,79 euros, se han quedado colgadas 31 entidades y 37 acciones. La cuantía que recibirá finalmente Cádiz se reduce a la mitad: las ONG tendrán que afrontar un agujero en sus cuentas de casi 355.000 euros.
La directora del IAM, Laura Fernández, ha remarcado que no se ha dado ni un solo paso atrás, dado que se ha incrementado el presupuesto en 700.000 euros, y ha tendido la mano. “No queda otro remedio que cumplir la ley”, ha señalado, sin embargo, y ha adelantado que se modificarán las bases de la orden de subvenciones para llegar al máximo tejido asociativo otra vez. Las ONG no ven salida. Rocío Benítez explica que la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent pagará los equipos de profesionales que llevaron a cabo los programas de atención de mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género gracias a “la caridad y a las aportaciones de los miembros de la propia entidad”, pero la incertidumbre es total. No hay aún orden para este año y muchas de las asociaciones no podrán concurrir porque el impago, como apunta la portavoz de Aprende a Vivir, ha generado deudas con la Seguridad Social que impiden optar en nuevas convocatorias. Y apunta a Vox.
No cree que sea casual que la formación de Santiago Abascal señalara al IAJ y hablara de “chiringuitos feministas” y ahora las ONG se queden sin respaldo. “Han tratado de contentar al socio y han perjudicado a cientos de personas”, remacha. Rocío Benítez dice que “prefiere pensar que no hay intencionalidad” porque confía en la buena fe, y recuerda: “Nuestras asociaciones no deberían existir pero hacemos la labor que no puede hacer la Junta y a un coste muy reducido”.
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