Agentes de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga han intervenido en una operación conjunta 150 kilos de pulpo inmaduro en el puerto pesquero de Marbella, una actuación que se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP).
En la noche del pasado lunes, agentes de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y del Seprona interceptaron una furgoneta sospechosa, que abandonaba el puerto pesquero de Marbella. En el interior del vehículo agentes e inspectores hallaron la mercancía, que en su totalidad tenía un peso inferior al permitido para esta especie, ya que la talla mínima de captura y venta del pulpo (octopus vulgaris) es de un kilogramo.
Según la normativa, un kilo es la talla con la que se considera que esta especie es adulta y que, por lo tanto, ha realizado al menos una vez su ciclo reproductivo. Cualquier ejemplar de peso inferior es considerado como inmaduro, motivo por el que los pescadores están obligados a devolverlos vivos al mar, han recalcado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.
El transportista, reincidente en este tipo de infracciones, recogía la mercancía que procedía de descargas ilegales, realizadas sin pasar por lonja y, por lo tanto, sin los controles sanitarios y de identificación pertinentes.
Los agentes levantaron las correspondientes actas de infracción por posesión de productos de la pesca de talla inferior a la reglamentaria, para posteriormente proceder a la incautación de la mercancía y su cesión a entidades sociales, con el objetivo de evitar el desperdicio de la misma.
El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha agradecido la coordinación de los agentes de la Junta y la Guardia Civil en un trabajo conjunto "por el que se efectúan a lo largo del año numerosas operaciones para el control de la descarga, la comercialización y el trasporte ilegal de productos de pesca".
También ha hecho un llamamiento al rechazo social del consumo de inmaduros y la apuesta por un hábito responsable. Así, ha subrayado que no sólo se está ante una actividad ilegal "que atenta contra la protección de los caladeros y va en detrimento de una actividad económica tan importante en la provincia como es la pesquera, sino que además se pone en riesgo la propia salud publica, pues este producto no pasa por ningún tipo de control sanitario antes de su consumo".
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