La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, cerró 2019 con un resultado económico, antes de impuestos, que supera los 1,8 millones de euros (1.852.826 euros), lo que supone un incremento del 325 por ciento respecto a 2018, un año en el que apenas si se superaron los 435.000 euros de beneficio.
Según indica en un comunicado la Consejería de Fomento, APPA registró el pasado año un incremento de su volumen de negocio en todas las actividades relacionadas con los puertos andaluces, lo que ha permitido aumentar la recaudación en un 11,7 por ciento. Además, incrementaron las certificaciones, que pasaron de los siete millones alcanzados en 2018 a los 15,5 con los que cerró el pasado ejercicio.
Por otro lado, señala, APPA consiguió reducir durante el pasado ejercicio el volumen de su deuda en un dos por ciento.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado que estos datos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía "vienen a reflejar el cambio en la gestión que ha supuesto el nuevo Gobierno andaluz". "2019 ha sido el año del cambio en Andalucía, un cambio a mejor que se está notando ya en los puertos andaluces, donde se ha notado especialmente el impulso del nuevo Gobierno, que cree en el potencial de Andalucía y, especialmente, cree en nuestros puertos como fuente de empleo y generador de oportunidades de desarrollo".
APPA, que cuenta con 34 puertos-espacios funcionales de los que 22 son de gestión directa y 12 indirecta, realizó en 2019 un total de 97 licitaciones, 37 más que en 2018, alcanzando un volumen de licitación de casi 31 millones de euros, 10 millones más que el año anterior. Además, adjudicó contratos por valor de algo más de 20 millones de euros, siete millones más que en 2018. En concreto, se adjudicaron 105 contratos frente a los 46 de 2018.
La mayoría de esas inversiones han ido dirigidas, a través de distintos programas, a la mejora de las infraestructuras de los puertos pesqueros. En el programa de integración puerto-ciudad en 2019 se adjudicaron contratos de obras por valor de 7,7 millones de euros, entre ellas la adecuación urbana de la ribera del puerto de Ayamonte (Huelva), con un importe superior a tres millones de euros; la mejora de la integración puerto-ciudad y nuevo cerramiento en el puerto de Barbate (Cádiz), con dos millones de presupuesto y las intervenciones en los puertos de El Terrón (Lepe, Huelva), Rota (Cádiz), Gallineras (San Fernando, Cádiz) y Garrucha (Almería) que suman los casi tres millones restantes.
Para mejorar la operatividad del sector pesquero, Fomento señala que APPA adjudicó en 2019 obras valoradas en casi seis millones de euros. Destacan la ampliación de la lonja de Fuengirola, con una inversión superior a los 730.000 euros; las depuradoras de moluscos en los puertos de Punta Umbría e Isla Cristina, con un presupuesto superior a los 700.000 euros en cada una de las instalaciones; los nuevos pantalanes pesqueros en el puerto de Conil (Cádiz), ya en servicio tras completarse una inversión superior a 600.000 euros y las mejoras en las fábricas de hielo de los puertos de Barbate y Marbella, por un importe superior al medio millón de euros cada obra.
Por lo que respecta a las intervenciones para garantizar la accesibilidad marítima a los puertos autonómicos (dragados), se adjudicaron actuaciones por valor de casi tres millones de euros. Esas actuaciones permitieron retirar 200.000 metros cúbicos de sedimentos que se destinaron, en su mayoría, a la regeneración de playas. Destacan las actuaciones en los puertos gaditanos de Barbate (más de 900.000 euros); Sancti-Petri, con una actuación valorada en 400.000 euros y Conil, con una inversión de más de medio millón de euros (515.000) y el más de más de medio millón (511.000 euros) para mejorar la accesibilidad del puerto de Marbella.
En materia de equipamiento portuario las inversiones superaron los tres millones de euros en 2019. Entre ellas cabe destacar el nuevo edificio de oficinas y aseos en la dársena recreativa de Adra, recientemente adjudicada (1,9 millones).
Además, la Junta destaca que se han llevado a cabo contrataciones por valor de 2,3 millones para afrontar reparaciones diversas que estaban pendientes y que impedían aprovechar mejor esas instalaciones. Entre esas reparaciones se encuentran la actuación para la mejora del espigón de acceso en Punta del Moral, en el Puerto de Isla Cristina, donde se ha invertido más de 900.000 euros (923.000); el canal de acceso al puerto de Punta Umbría, con una actuación valorada en 439.000 euros, y la reposición del muelle comercial del puerto de Garrucha, en Almería, con una inversión que supera los 400.000 euros.
Junto a esas inversiones, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía otorgó 32 títulos de ocupación del dominio público portuario (seis concesiones, 25 autorizaciones y un contrato de concesión de obras), un 23 por ciento más que en 2018. La APPA estima que esas concesiones han generado una inversión de casi nueve millones de euros y más de un centenar de puestos de trabajo. Además, en 2019 se otorgaron 22 nuevas licencias de actividad, con lo que actualmente se eleva a 68 las que están en vigor.
También se logró cerrar 2019 con números muy alentadores en la ocupación de los atraques en puertos deportivos. La ocupación de los 5.391 atraques en estos puertos que gestiona APPA rozó el 58 por ciento en 2019, un 8% más que el año anterior. Y eso es debido a que se mantuvieron los coeficientes reductores de tasas en aquellos puertos de baja ocupación, como Ayamonte, El Terrón o Adra, y a que se redistribuyeron algunos atraques para permitir su uso para embarcaciones más pequeñas.
Por otra parte, recuerda que este mismo lunes 10 de febrero, el Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la proposición de ley por la que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 7/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, presentada ante la Mesa del Parlamento andaluz por los grupos parlamentarios de PP y de Ciudadanos.
Con esta iniciativa, la Junta explica que se quiere acabar con una situación de inseguridad jurídica que "afecta gravemente" al sector, que "no puede hacer previsiones a corto y largo plazo en relación a sus concesiones porque el desconocimiento de la vigencia de los mismos impide nuevas inversiones y contrataciones de personal", concluye.
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