El Consejo de Gobierno celebrado este lunes en el Palacio de San Telmo ha aprobado un acuerdo para instar al Gobierno central a realizar un pacto de Estado para garantizar el Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia. Lo pretende hacer mediante una “caja única” con el fin de poner medidas ante un sistema que apunta a ser “insostenible”.
“No queremos 17 sistemas de dependencia, queremos que sea una política de Estado, que la ley se cumpla en todo España con la creación de una caja única y un fondo de garantía de dependencia que garantice la financiación del sistema unificando el procedimiento”, ha indicado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la onubense Rocío Ruiz.
Así pues, la Junta exige al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que aporte el 50% de la financiación, ya que Andalucía, por ahora, asume el 82%. El documento plantea la “sostenibilidad” en el tiempo del sistema mediante “recursos reales, efectivos y evaluables” que favorezcan la autonomía personal. También, propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables, como aquellas que han sufrido un ictus.
Otro de los puntos que remarca la Junta en dicho informe es la necesidad de que las personas discapacitadas mayores de 65 años sigan con este sistema y no tengan que abandonar el recurso. Andalucía considera adecuado definir un sistema de atención integrado que tenga en cuenta la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio, es decir, establecer que para toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado, ésta sea universal.
Además, pretende unificar y simplificar los procedimientos para dar una mejor respuesta a las personas dependientes y sus cuidadores. El documento establece una reestructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que sea el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional.
Y es que cada mes se dan de alta en este servicio unas 330 personas y la lista de espera creció durante el pasado año.
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