Manuel, ingeniero de telecomunicaciones, no eligió trabajar en Alemania. Las circunstancias le obligaron. Sin embargo, hoy, casi cuatro años después de marcharse de Cádiz, tiene claro que no se plantea volver a España, ni tan siquiera si le ofrecen “el trabajo de mi vida”. Casado, con un hijo, pudo haber acabado en Irlanda o en Francia, pero recaló en Düsseldorf porque “me hicieron una oferta, acepté un viernes y a la semana siguiente estaba allí”. Con contrato. Cómodamente instalado. Con 204 euros, ni uno más ni uno menos, disponibles en su cuenta corriente para afrontar los gastos de la guardería, ingresados por el Gobierno germano incluso antes de cobrar la primera nómina.
No hay datos fehacientes sobre el número de personas que están en la misma situación que Manuel. Pero hay un par de cifras que permite calibrar la dimensión del fenómeno. Por un lado, el número de gaditanos fuera del país ha crecido en los últimos diez años en más de 12.000, casi un 60%, alcanzando, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), los 34.070. Por otra parte, en 2018, solo se registraron 841 bajas consulares de españoles residentes en el extranjero con destino Cádiz. La fuga de capital humano es, por lo tanto, imparable.
La Junta de Andalucía intentó frenar la hemorragia. La entonces presidenta de la Administración autonómica Susana Díaz (PSOE) anunció medidas en colaboración con universidades y empresas para que regresaran los trabajadores de menor edad que tuvieron que marcharse por falta de empleo. Lo hizo el martes 9 de septiembre de 2014. Y cumplió con su promesa. Articuló las ayudas en el marco del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, con un presupuesto de 8 millones de euros para los ejercicios 2015 y 2016. Concretamente, se ofrecieron incentivos de 40.000 euros para las firmas que incorporaran a sus plantillas a los beneficiarios y ayudas de hasta 5.000 euros para el coste del traslado de mobiliario y enseres, de no más de 12.000 para para cubrir los gastos de alojamiento durante el primer año, y de hasta otros 5.000 para la escolarización. Pero los resultados fueron catastróficos.
En 2018, la ahora ex diputada autonómica del PP Teresa Ruiz-Sillero denunció que solo se ejecutó medio millón de euros y solo regresaron once jóvenes; en el caso de Cádiz, volvieron cuatro, de acuerdo a la información facilitada por la Delegación Territorial de Empleo. En Castilla-La Mancha, entre 2018 y 2019, por comparar, el Ejecutivo consiguió que retornaran 314 personas con una iniciativa similar. El nuevo Gobierno de la Junta, conformado por PP y Ciudadanos, va a intentarlo de nuevo. Desde junio pasado prepara un plan, “prioridad absoluta para el Gobierno”, que cubrirá el periodo comprendido entre 2020 y 2022.
Aunque Manuel no es muy optimista. “Si ya fracasó uno...”, señala, y de los puntos suspensivos cuelga las razones que le llevan a dar por hecho que no habrá resultados. Entre todas, la primera, el sueldo. El informe de CCOO sobre el Mercado de Trabajo aporta números demoledores al respecto: el salario medio de Cádiz frente a la media de España suponen 3.214 euros menos al año; la brecha entre España y la media europea es de 433 euros mensuales, más de 5.100 anuales. Distancia sideral.
La segunda, la sobreformación y la oferta. Para salir “con un contrato bajo el brazo, es fundamental la cualificación profesional y el idioma”, remarca. Justo lo contrario para volver. En la provincia, el director de Randstad Research, Valentín Bote, asegura que seguirán siendo demandados “camareros, ayudantes de cocina o profesionales con experiencia previa y formación en manipulación de alimentos”. Aunque también aporta las claves para encarar el futuro con optimismo: “El incremento de las exportaciones y el crecimiento del sector logístico van a generar interés en perfiles con formación en comercio exterior, administración y dirección de empresas, publicidad o marketing, y los relacionados con la logística”.
Por ello, tanto empresas como administraciones “no deben perder de vista cómo evoluciona el mercado laboral y focalizar la formación en los sectores más dinámicos”. Manuel duda. Antes, concluye, “los políticos tienen que centrarse en mejorar las condiciones de vida en nuestra tierra”.
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