La Junta de Andalucía aumentará un 15% el precio plaza de los centros infantiles públicos y concertados (de 0 a 3 años) a partir del curso 2020/21. Pasará de los 278,88 euros actuales a 320,71 euros y ese sobrecoste de 41,83 será abonado por la Administración autonómica, por lo que no supondrá un nuevo gasto más para las familias, sea cual sea el nivel de renta.
Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno celebrado este lunes en el Palacio de San Telmo de Sevilla. El objetivo, según el consejero de Educación, Javier Imbroda, es hacer frente a una reivindicación histórica del sector tras “el auténtico calvario” sufrido por doce años de congelación de las cuantías.
Para hacer frente a esta nueva medida, el Ejecutivo andaluz destinará 15 millones de euros en el presupuesto de 2020 y contará con un total de 40 millones en 2021. De esta manera, “se dignificará” el trabajo de los educadores y se apoyará a las familias para elevar el número de inscritos en las guarderías andaluzas, según ha indicado Imbroda.
La Consejería ha ajustado la progresividad de las bonificaciones que se otorgan, que se mantienen en diez tramos, con la finalidad de que las familias no asuman el aumento del precio plaza, por lo que irán desde el 13,04% al 82,61%.
La Junta ha ofertado para este curso 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el curso pasado, mientras que la red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.
La gratuidad del servicio, con un máximo por plaza de 3.527,81 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos; a familias en dificultad social cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM o del 0,75 en caso de familias monoparentales; o cuando haya circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor.
Por otro lado, cuestionado por periodistas, Imbroda ha insistido en que el pin parental “no es necesario” en Andalucía porque las familias tienen los “cauces” para elegir libremente los centros y los programas educativos. Es más, ha apelado al “sentido común” a todas las fuerzas políticas para no seguir acrecentando la polémica.
Imbroda, además, sí se ha mostrado abierto a “reformar la transparencia” en la supervisión de los centros.
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