El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que trata el caso del brote de listeriosis detectado el pasado verano, ha citado en calidad de investigada a una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, tal como reclamó la asociación Facua, que está personada como acusación particular.
Según ha adelantado la Ser y ha confirmado la organización de consumidores, la jueza dictó el 27 de enero una providencia en la que estima la solicitud realizada por el equipo jurídico de Facua el pasado 7 de noviembre en un escrito en el que pedía que se investigase por un posible delito de prevaricación a la responsable municipal de las inspecciones a la empresa Magrudis.
Facua basó su solicitud en las "graves deficiencias" que advirtió en las inspecciones efectuadas el 24 de noviembre de 2016 y el 18 de julio de 2017.
La nueva investigada, que comparecerá ante la magistrada el próximo 14 de febrero, es inspectora del Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento hispalense y autorizó el plan de autocontrol de Magrudis.
A juicio de Facua, ella es la responsable de rebajar la categoría de Magrudis de A a C, con lo que la frecuencia para ser inspeccionada pasó de seis a dieciocho meses, lo que "aligeró la carga inspectora del Ayuntamiento" e impidió detectar los "incumplimientos" que acabaron provocando el brote de listeriosis, según expuso la asociación en su escrito.
Esta imputación abre la puerta a que el Ayuntamiento, que también está personado como acusación particular contra Magrudis, sea considerado responsable civil subsidiario, ha advertido Facua.
Si es así, el Consistorio "tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis, que sólo cubre 300.000 euros, y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles", según la asociación.
Por esta causa continúan en prisión desde septiembre el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, a los que la jueza atribuye un presunto delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y otro de lesiones imprudentes a un número de personas "que pudiera ascender a doscientas".
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