El Gobierno municipal ha apercibido al Partido Popular de Jerez sobre el supuesto "uso fraudulento" que está haciendo de las instalaciones municipales al utilizarlas como sede del propio partido.
Para el Gobierno municipal se trata de “un escándalo” y advierte de que “cursará denuncia si no se procede a diferenciar entre sede de partido y de grupo municipal”. En este sentido, el Ejecutivo local exige al PP “que proceda a la compra o alquiler de un local y que no pretenda financiarse haciendo un uso irregular de recursos públicos”.
En el apercibimiento se señala que “habiendo tenido conocimiento del cierre de la sede del Partido Popular en esta ciudad y del traslado de dicha sede al local municipal que este Ayuntamiento tiene puesto a disposición del Grupo Municipal Popular en la Plaza de la Yerba nº1, planta 2ª, usándose por el Partido Popular, se le requiere a fin de que impida el uso de dicho local por el citado partido político”.
Asimismo se le recuerda que en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986) se determina que "los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos" y en el mismo sentido el art. 28.1 del mismo texto legal concreta el uso del local por los grupos municipales del siguiente modo: "los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población".
Por último, en el escrito remitido se le recuerda al grupo municipal Popular que “en base a lo dispuesto por la citada normativa, el uso del local municipal por un partido político es un uso indebido de medios municipales que ha de cesar de forma inmediata”.
El PP considera la acusación una pataleta
El PP, por su parte, considera que el apercibimiento es un nuevo intento del PSOE por "discriminar políticamente" a los populares "en clara venganza por no haberle apoyado su subida de sueldo ni su escandalosa subida de asesores y sueldos de altos cargos".
Por eso, desde el Partido Popular, su concejal Antonio Montero considera el escrito de Mamen Sánchez como una “pataleta sin fundamento ni político ni jurídico más que el de la persecución y discriminación política al PP".
Asimismo, Montero recuerda a Mamen Sánchez que en su escrito puede incurrir en un delito de injurias y calumnias al inferir una incorrecta utilización de los recursos municipales, "cuando la actividad que el PP realiza en las instalaciones que corresponden al Grupo Municipal del PP se ajusta a la legalidad". Por ello, los populares instan a Mamen Sánchez a que aclare "si insinúa o no que el PP no pueda realizar reuniones, actividades y encuentros con asociaciones u organizaciones políticas específicamente por ser del Partido Popular, cuestión que iría contra el derecho de reunión recogido en la Constitución y en el Real Decreto 2568/1986".
Montero recuerda a Mamen Sánchez que desde el comienzo del presente mandato corporativo los concejales del PP llevan reclamando el adecentamiento de las instalaciones que corresponden al Grupo Municipal del PP, "cuestión a la que el Gobierno de Mamen Sánchez lleva haciendo caso omiso, no como con otros grupos a los que se les ha adaptado la sede de forma inmediata e incluso se les ha sufragado el traslado de mobiliario".
Los populares también han presentado un escrito mediante en el que solicitan a Mamen Sánchez que, en virtud del derecho a la información que les asiste les remita copia del escrito, con registro de salida, que en su día debió remitir al concejal José Antonio Díaz cuando tuvo conocimiento del uso de éste de forma reiterada de un coche y chófer oficial para uso privado.
Antonio Montero también anuncia que en el mismo escrito, los ediles del PP solicitan el horario y ubicación del puesto de trabajo de los asesores del Gobierno de Mamen Sánchez que permita acreditar que están realizando labores para el Gobierno de la ciudad de Jerez en la jornada laboral contratada "y no trabajos para otras organizaciones, asegurando que no se está produciendo ninguna situación de malversación de fondos públicos o financiación ilegal de organizaciones políticas".
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