El Tribunal de Cuentas considera que la gestión presupuestaria que se llevó a cabo en la construcción del puente sobre la Bahía de Cádiz, que supuso una inversión de 490 millones de euros, no contribuyó al cumplimiento de los principios de estabilidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En un informe aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas y hecho público hoy, esta organismo se muestra crítico con la gestión de la construcción de una de las mayores infraestructuras realizadas en los últimos años en España, el puente de la Constitución 1812, inaugurado el 24 de septiembre de 2015, y con un coste que supuso una variación del 61,2 % sobre las previsiones iniciales.
El informe recuerda que a pesar de una fase preparatoria que se extendió "varias décadas", desde finales de los 80 hastal 2006, poco después de haber sido aprobado el proyecto y de que se iniciaran las obras (en abril del 2007) se tomaron decisiones que provocaron "incidencias y alteraciones sustanciales del proyecto".
Estas incidencias, añade el informe, "no habrían tenido lugar" de haber existido "una preparación, planificación y coordinación administrativa adecuadas".
Las obras fueron adjudicadas en el 2007 y contaban con un plazo de ejecución de 41 meses, que finalmente se convirtieron en 117.
"La previsión inicial del conjunto del proyecto de inversión (que incluía, además de las obras propiamente dichas, los contratos de servicios vinculados, expropiaciones y otros gastos) contenida en los PGE para el 2007, ascendía a 304.087.550 euros, pasando finalmente a una inversión total acumulada de 490.204.646,59 euros en el 2018, último año de ejecución presupuestaria del proyecto", apunta el informe.
Por ello, el coste final supuso una variación del 61,2 % sobre las previsiones, un total de 186.117.096,59 euros.
Una de las incidencias más importantes fue que el proyecto de obra aprobado estableció que el puente contaría con tres carriles por calzada separados por una mediana central.
"Sin embargo, una vez iniciada la obra, el Ministerio de Fomento decidió realizar un cambio sustancial del proyecto", para ampliar el tablero del puente para que alojara la plataforma del tranvía de la Bahía de Cádiz, una obra de la Junta de Andalucía que aún no ha entrado en funcionamiento.
"Este cambio supuso un rediseño global del puente para afrontar el cambio de funcionalidad, motivando que todos los cálculos estructurales fueran rehechos y el proceso constructivo adaptado, pasando el tablero del puente a contar con dos carriles por sentido para el tráfico rodado, más la plataforma tranviaria".
El Ministerio de Fomento decidió asumir unilateralmente la realización y financiación de las obras.
Después de haberse ampliado el puente para alojar la mencionada plataforma, con los retrasos y sobrecostes, "el tranvía no fue implantado" y en su lugar se estableció un carril doble dedicado a mantenimiento.
El Tribunal de Cuentas señala que las alteraciones del proyecto "fueron lo suficientemente relevantes como para que los órganos del Ministerio hubieran considerado la existencia de una causa de resolución del contrato", algo que no hizo.
En su lugar se llevaron a cabo tres modificaciones contractuales del contrato principal y tres proyectos de obras complementarias, que fueron objeto de dos procedimientos distintos y negociados sin publicidad adjudicados al contratista de la obra principal.
De esta forma se evitó que los cambios fueran sometidos a informe del Consejo de Estado, por lo que este órgano "no pudo evaluar la legalidad de esta actuación".
El informe indica que la ampliación de cuatro a once del número de ejercicios a los que se aplicaron los gastos del proyecto debió contar con la autorización del Consejo de Ministros.
En definitiva el Tribunal de Cuentas subraya que la gestión presupuestaria del proyecto "no ha contribuido al cumplimiento de los principios de estabilidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos", que "se ha constatado la ausencia de una coordinación eficaz" y "la escasa eficacia de los controles internos aplicados durante el curso de la obra".
Por ello el Tribunal de Cuentas insta al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) a "redoblar los esfuerzos en la planificación y coordinación interadministrativa de este tipo de obras" para que no se vean abocadas a "sufrir interrupciones y modificaciones y, por consiguiente, a soportar encarecimientos y dilaciones".
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