En Zamora, si tienes perro, pagas al Ayuntamiento. Nueve euros al año. IU impuso la mayoría absoluta de la que dispone en el Pleno para sacar adelante la propuesta de tasa que, en realidad, no es novedosa, pese a que ha copado titulares. Existió hasta el año 1992. Ahora el Gobierno local recupera el gravamen para sufragar los servicios de bienestar animal. Fuentes municipales confirman que la recaudación, entre 50.000 y 90.000 euros, no servirá para cubrir los gastos directos e indirectos, que cifran en torno a los 200.000 derivado de la presencia de mascotas en el espacio público. Por el momento, depuran el censo de algo más de 9.000 ejemplares en una ciudad con unos 70.000 habitantes. No todos los dueños dan de baja a los animales cuando mueren. Remarcan que la iniciativa apenas generó debate y que contempla exenciones fiscales, especialmente para aquellos que ejercen algún tipo de función social.
En Cádiz, al tiempo que Zamora, la plataforma 3R planteó algo similar para San Fernando. El coordinador del partido, Juan José Fornell, defiende la idea porque solucionaría la “colisión de derechos” entre quien tiene mascota y quien no. “Hago deporte en el Parque del Oeste y, en un sentido de la marcha veo a perros orinando en el césped y, a la vuelta, a padres jugando con sus hijos en el mismo sitio”, denuncia. Pero el debate no ha encontrado eco. La provincia es territorio animalista.
La cara visible de Pacma en Cádiz, Eduardo Jesús Rovira, no encuentra ni un solo argumento a favor del impuesto. “Desincentivaría la adopción, afecta a las personas con menos recursos porque no es un impuesto progresivo e incluso podría fomentar que no se registraran a los animales para evitar que se cobre”, lo que provocaría un verdadero problema de salud pública. Tampoco han prosperado propuestas como la identificación del ADN de los animales en sus excrementos para sancionar a los que no lo recogen.
El vocal del Colegio Oficial de Veterinarios, Alberto Méndez, asegura que es una prueba con alto coste, cuestiona su eficacia y asegura podría generar dudas jurídicas. La clave para mejorar la convivencia está en la concienciación, señala.
En este sentido coincide plenamente con el Ayuntamiento de San Fernando. El Gobierno de Patricia Cavada está a la vanguardia en políticas de bienestar animal y marca el camino. “Pagar un impuesto supone penalizar a los propietarios de perros que tienen a sus mascotas en buenas condiciones y cumpliendo normativas y apuestan por la adopción y el cuidado animal”, apuntan. Y subrayan que, junto al comportamiento cívico de los propietarios y las campañas de sensibilización, hay que potenciar, como prevén hacer con el nuevo contrato de limpieza, los servicios de higiene de los parques caninos. Aunque con reservas, el coordinador provincial de Pacma admite que La Isla ha tomado la iniciativa. Incluso el responsable de 3R reconoce que el Gobierno socialista está impulsando medidas (que tacha, eso sí, de extravagantes) a favor de quienes tienen perro.
Y, efectivamente, la ordenanza, como las de la de la práctica totalidad de municipios, salvo Cádiz capital, no recoge expresamente la obligatoriedad de diluir la orina con agua jabonosa. Pero San Fernando ha puesto en marcha un mercadillo de protectoras en la Alameda Moreno de Guerra el primer domingo de cada mes, no aplica la eutanasia por plazo a animales perdidos o abandonados y controla una treintena de colonias de gatos en coordinación con asociaciones, voluntarios y vecinos autorizados para alimentarlos. Una auténtica revolución.
Cavada dio un paso más y decidió invertir en bienestar animal, no sin polémica. La playa canina, 5.000 metros cuadrados acondicionados desde 2016 para que las mascotas y sus dueños puedan disfrutar de la costa, fue la primera de las iniciativas que, en materia de infraestructuras específicas, tendrán continuidad con la construcción de un área de esparcimiento (se prevén cinco más en el futuro) en Villamaruja, con 1.120 kilómetros cuadrados con bancos, expendedores de bolsas para recoger excrementos, papeleras y fuentes diseñadas para perros. “¿Un impuesto? , nuestra política no casa con ese impuesto. Estamos por fomentar la adopción, disminuir el abandono o sancionar infracciones o delitos contra los animales”, insisten.
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