La defensa del exdirector general de Trabajo la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha anunciado a la Audiencia Provincial de Sevilla su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que se le condena a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. En el escrito asegura que lo hace por "falta de claridad" en el relato de los hechos probados y por "errores manifiestos" en la instrucción.
Los motivos para presentar el recurso, tal y como recoge el escrito, consultado por Europa Press y presentado ante la Sección Primera de la Audiencia, por su abogado, José Ávila, son por infracción de ley, por error en los hechos probados derivados de documentos obrantes en las
actuaciones, no tenidos en consideración por la sala, por quebrantamiento de forma y por infracción de preceptos constitucionales.
El letrado considera que "ha habido infracción de preceptos penales, así como otras normas que deben ser observadas y que constituyen ausencia de antijuricidad y legitimación por vulneración del marco normativo que ampara la legalidad de la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas (prejubilaciones) mediante despidos objetivos, colectivos o individuales".
De igual manera, observa "una vulneración del marco normativo que ampara la legalidad del procedimiento de concesión de estas ayudas a través del procedimiento de transferencia de financiación y modificación presupuestarias, aprobadas por el Parlamento de Andalucía, y su normativa complementaria".
También recurrirá la sentencia por "error en la apreciación de la prueba fundamentado en documentos obrantes en la causa" y que, según esta parte, "no han sido tenidos en consideración por la sentencia".
"FALTA DE CLARIDAD"
En cuanto al quebrantamiento de forma cree que se ha producido "una falta de claridad en el relato de los hechos probados; una manifiesta contradicción; hechos predeterminantes del fallo por errores manifiestos en la fase de instrucción; por consignar como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo y por no haber resuelto todos los puntos que fueron objeto de defensa".
Por último, en cuanto a los motivos alegados por infracción de precepto constitucional, el abogado de Guerrero considera que "se ha vulnerado la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el de la Tutela Judicial Efectiva y el juicio justo o sus diversas manifestaciones".
Todo ello en relación, tanto a las ayudas a trabajadores otorgadas por la Junta de Andalucía como a las otorgadas por el Ministerio de Trabajo, "dada su similitud, analogía o identidad de su naturaleza, y en relación a los beneficiarios o destinatarios finales de estas ayudas socio laborales, que no han sido imputados como beneficiario a título lucrativo de una presunta actuación ilícita".
EL PRIMERO EN PISAR LA CÁRCEL
Guerrero fue el primero que pisó la cárcel cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo de 2013 y saliendo tres meses después.
Guerrero además ya está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.
OTROS RECURSOS AL SUPREMO
El pasado 19 de noviembre la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso ERE, entre ellos también el expresidente Manuel Chaves, mientras que sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, fueron absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción, tras la celebración de este juicio en más de 150 sesiones durante un año.
El pasado 26 de diciembre fue el letrado de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, el primero de ex altos cargos condenados en anunciar a la Audiencia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en tres motivos principales, uno por infracción de precepto constitucional y dos por infracción de ley.
También lo han hecho el expresidente José Antonio Griñán; el exsecretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano.
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