Seis de los siete vendedores acusados de expoliar el yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva, con obras para ampliar las parcelas que ocupaban en el mercadillo semanal han negado que encargaran o pagaran por las mismas.
Lo han hecho en el juicio celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, antes de cuya celebración se ha intentado, sin éxito, llegar a una conformidad.
En total son nueve los acusados, siete vendedores con puestos ambulantes en el mercadillo de Huelva, uno de los cuales actuó como mediador entre ellos y el responsable de la empresa con la que se concertaron las obras; éste último y el empleado que las llevó a cabo.
Todos ellos han declarado respondiendo a las preguntas de todas las partes salvo tres de ellos que sólo lo han hecho a las de sus abogados.
Seis de los siete vendedores han asegurado que no sabían nada de las obras ni pagaron nada por ellas; sólo el mediador ha reconocido que encargó el movimiento de tierras, pero ha precisado que se refirió sólo a que excavaran en la parcela que él ocupaba.
Por su parte, el empresario y el empleado que ejecutó las obras han reconocido que ejecutaron las obras después de haber recibido el encargo.
Todos han coincidido en indicar que no había ningún cartel en la zona que indicara que se trataba de un yacimiento arqueológico protegido -está declarado Bien de Interés Cultural-.
Los acusados se enfrentan, a petición de la Fiscalía, a 21 meses de cárcel cada uno y al pago conjunto de 216.040 euros a la Consejería de Cultura en concepto de indemnización, al considerarlos responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico.
Los hechos por los que están siendo juzgados tuvieron lugar en abril de 2016 cuando se acometieron movimientos de tierra con maquinaria en parcelas inscritas en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz e incluidas en el Sector B-3 Santa Marta -La Orden, Zona Arqueológica de Huelva declarada BIC, en la que se han hallado en los últimos 50 años dos necrópolis y un poblado tardorromano, una estructura adscribible a época islámica y ya en 2005 varias necrópolis neolítica, calcolítica, de la Edad del Bronce, tardorromana y medieval islámica.
Dichos movimientos supusieron la perdida irreparable de información histórica.
La Fiscalía considera a los acusados responsables de estos hechos y entiende que eran conocedores de la protección de la zona, no sólo porque desde hacia tiempo el Ayuntamiento negociaba con ellos su traslado sino porque en enero de 2016 se había producido otro expolio en un zona cercana cuya repercusión pública y mediática fue notoria.
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