El Poder Judicial de Perú declaró infundada la recusación presentada por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, contra el juez Víctor Zúñiga, quien evalúa una nueva petición de prisión preventiva de 36 meses contra la líder opositora en una investigación vinculada con la empresa Odebrecht.
La decisión fue tomada este miércoles por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, cuyos miembros rechazaron la solicitud que hizo Loza para que Zúñiga se aparte del caso por una presunta falta de imparcialidad al haber aceptado la petición del fiscal de una nueva evaluación de la prisión preventiva contra Fujimori.
La líder opositora ya permaneció en prisión por la investigación abierta por presunto lavado de activos durante 13 meses, hasta el pasado 30 de noviembre, día que fue liberada por una resolución del Tribunal Constitucional (TC).
La Sala de Apelaciones señaló que "no puede considerarse" que el juez Zúñiga "haya incurrido en acto arbitrario", ya que su decisión de revisar la petición fiscal "corresponde al estado y naturaleza de un requerimiento de prisión preventiva que quedó sin pronunciamiento jurisdiccional".
LA SEXTA AUDIENCIA
Este jueves se desarrolló la sexta audiencia de la petición de prisión preventiva presentado por el fiscal José Domingo Pérez en el proceso por presuntos delitos de corrupción, entre ellos lavado de activos vinculado con Odebrecht, que se investiga contra Fujimori por sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El fiscal replicó el alegato de defensa que presentó el sábado pasado la abogada Loza, quien sostuvo que se debe descartar el lavado de activos y que, en todo caso, solo se pudo cometer una falta administrativa al usar a falsos aportantes para justificar las donaciones y contribuciones recibidas en las campañas de Keiko.
Pérez ofreció los testimonios de personajes vinculados a Odebrecht que indicaron la procedencia ilícita de los fondos de la llamada Caja 2, que presuntamente se usaba para pagos y aportaciones ilegales que hacía la empresa a políticos y funcionarios.
El fiscal también leyó las actas del interrogatorio al que sometió al exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien confirmó el aporte de un millón de dólares a la campaña de Keiko, al tiempo que dijo que la empresa usaba a intermediarios para entregar el dinero y que no era necesario que se reunieran con Fujimori.
LOS TESTIGOS DE LA FISCALÍA
Pérez señaló que el empresario peruano Jorge Yoshiyama Sasaki, quien colabora con la investigación fiscal, dio los nombres de falsos aportantes que usó Fuerza Popular para justificar sus ingresos.
"Jorge Yoshiyama Sasaki dice que Keiko Fujimori tenía conocimiento del aporte realizado por Odebrecht", remarcó el fiscal ante el juez Zúñiga.
Recordó que Fujimori "señaló que el financiamiento a su campaña eran cenas, cócteles y rifas" y que "nunca mencionó los aportes de empresarios y demás".
"Ella decía que era el único partido que presentó información de cuentas a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)", remarcó Pérez al momento de justificar su decisión de sumar a la investigación la presunta comisión del delito de falsedad genérica.
LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS
El juez Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, ha establecido que las audiencias seguirán durante esta semana, tras lo cual anunciará si acepta o rechaza la petición de prisión presentado contra Fujimori.
Tanto Pérez como el jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, han señalado que esta investigación está en su etapa final y la acusación formal para el inicio de un juicio oral puede ser presentada en febrero próximo.
En ese contexto, Pérez basa su nueva petición de prisión preventiva en la gravedad de los delitos que imputa a la líder opositora, que pueden llevar a una condena de 24 años con 10 meses de prisión, según sus cálculos.
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