Si alguien cree que la provincia va a crear puestos de trabajo con las medidas contenidas en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, no conoce Cádiz. Así de contundente se expresa José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, y en términos parecidos Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuando se les cuestiona sobre el documento suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En la línea de lo expresado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), manifiestan “honda preocupación” por el espíritu del texto y remarcan que la letra del mismo genera “inquietud e incertidumbre”, especialmente en el contexto de desaceleración económica que sufrimos y dado el elevadísimo desempleo registrado históricamente en nuestra tierra. Los últimos indicadores económicos reflejan que la economía española crece a tasas inferiores al 2%. Analistas Económicos de Andalucía también augura a unas cifras a la baja, en el mismo sentido, para nuestra región en 2020, de acuerdo al estudio publicado en octubre. Se avecinan nubarrones, nadie lo duda, y el primer punto del pacto entre socialistas y extrema izquierda, destinado a “consolidar la creación de empleo de calidad”, para lo que se contempla la derogación de la reforma laboral, empeorará las cosas, advierten.
El Gobierno de Mariano Rajoy no dio con la fórmula perfecta, pero España pasó de los casi seis millones de desempleados al cierre de 2012, seis meses después de que la mayoría absoluta del PP y los diputados de CiU convalidaran la batería de medidas para estimular el mercado laboral, a anotar poco más de la mitad en el mes de diciembre del año recién finalizado. En la provincia, la reforma laboral también ha dado sus frutos. Cádiz acabó 2012 con la cifra récord de 204.255 alistados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Este viernes, el número se redujo en un 26,8%, situándose en los 149.515 parados. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año pasado confirma, igualmente, una drástica reducción de la tasa de desempleo, rozando el 34% hace siete años y ahora, en octubre, situada en el 27,35%. Otros dos datos positivos sobre la recuperación del músculo en el ámbito laboral: la provincia cuenta con casi 60.000 cotizantes más que en diciembre de 2012; y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se ha incrementado un 13,4% entre enero de 2013 y el mes de noviembre del año pasado.
La derogación de la reforma laboral junto a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrían frenar esta buena evolución en seco. Los costes laborales se dispararán, señala Lorenzo Amor, y subraya que con 1.200 euros de salario, el empresario tendrá que afrontar un gasto de hasta 2.000. “No hay autónomo que pueda soportar esta factura”, afirma, y vaticina menos contratación y más empleo irregular. No en vano, el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció a finales de 2018, a propósito del primer incremento del SMI, que “pueden existir empresarios que tengan la tentación de contratar en vez de a 20 trabajadores a 18. No tiene sentido que lo neguemos”. Recientemente, y pese a sostener que la medida fue un éxito, admitió que ha impactado más en colectivos vulnerables como las empleadas del hogar y los trabajadores del campo. “¿Dónde están las 13.000 empleadas (del hogar) que han abandonado (los registros de afiliados a la Seguridad Social)? Pues probablemente han pasado a la economía sumergida”, declaró.
La secretaria general de la Unión Provincial de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, niega la mayor y lamenta el alarmismo desatado tras el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, recuerda que UGT FICA y su organización, de un lado, y la patronal agraria Asaja-Cádiz, de otro, firmaron hace unas semanas el convenio colectivo del campo para la provincia, cuya negociación arrancó en junio tras el bloqueo inicial por desavenencias entre las partes precisamente sobre la revisión de las tablas salariales para adaptarlas a la subida del SMI. Sin traumas. “Ni ha habido despidos ni cierre de empresas masivos”, recalca. “Se ha normalizado”, insiste.
El nuevo Gobierno, confía el máximo responsable de UGT, Antonio Pavón, dará nuevos pasos para combatir la precarización del mercado laboral. El informe de CCOO sobre el Mercado de Trabajo con datos de la EPA y las cifras del desempleo registrado en octubre daban las claves de las reivindicaciones de los sindicatos y las debilidades de la provincia: las personas que alcanzan o superan los dos años sin ocupación suponen un 30% del total de las personas desempladas en Cádiz, el porcentaje más elevado en Andalucía; los datos de salario medio frente a la media de España suponen 3.214 euros menos al año; y, por último, se ha registrado una importante pérdida de cobertura de protección por desempleo, “que ha pasado en tres años de un 63% a un 47,82”. También esperan que se ataje la temporalidad, una de las sombras más acusadas de la reforma laboral de 2012. De hecho, la tasa se ha disparado desde el cuarto trimestre de 2012, cuando se cifró en el 28,86%, casi diez puntos con respecto al 37,06% registrado en el tercer trimestre de 2019 por la EPA. Y los expertos advierten, además, de que podría ser mucho mayor, dado que los datos se recogen en una semana y no contempla contratos de corta duración celebrados en el resto del trimestre. Entre enero y noviembre de 2019, se firmaron más de 17.000 contratos de obra y servicio de menos de 7 días y casi 250.000 eventuales de menos de un mes. Entre ambas modalidades, suman el 44,6% del total.
Por otra parte, tanto CCOO como UGT saludan la voluntad de PSOE y Unidas Podemos de recuperar el papel de los convenios colectivos, derogar la posibilidad de despido por absentismo, causado por bajas por enfermedad y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Sin embargo, Lorenzo Amor considera que esto elimina la flexibilidad del mercado laboral, básica para incentivar la contratación y la consolidación de las empresas. José Blas Fernández va más allá y lamenta que una sobrerregulación y un mayor intervencionismo de la Administración es contraproducente, con reminiscencias de la legislación preconstitucional. Además, subraya, la modificación de la normativa generará inseguridad jurídica y el colapso de los juzgados. En cualquier caso, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz guarda la esperanza de que lo que han planteado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tenga mucho recorrido en su obligado trámite parlamentario. “No sé yo si la derecha vasca que representa el PNV va a dar su sí a esto”, reflexiona.
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