La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha saludado la inminente finalización del peaje que grava el tránsito de vehículos por la autopista AP-4 (Cádiz-Sevilla). "Por fin, después de 50 años de una concesión que ha venido penalizando el tráfico de bienes, servicios y personas con origen o destino en nuestra provincia, vamos a liberarnos de un agravio histórico para nuestro desarrollo socioeconómico", ha añadido.
En una nota, García ha recordado cómo hasta tres prórrogas distintas respecto a la concesión inicial "han prolongado más allá de lo razonable la existencia de un peaje que no solo ha supuesto un lastre económico para multitud de actividades económicas e incluso para el bienestar de los propios ciudadanos de esta provincia, sino que ha venido alejando, tanto en forma de costes materiales como en el propio subconsciente de la sociedad gaditana con los grandes ejes de desarrollo europeo".
"La provincia de Cádiz viene siendo tradicionalmente un foco exportador en el seno de la comunidad autónoma, somos una potencia logística como consecuencia de la disposición de dos puertos de interés general, como son los de la Bahía de Cádiz y, fundamentalmente, de la Bahía de Algeciras, uno de los más importantes de España y del conjunto de la Unión Europea", ha manifestado.
García ha añadido que la provincia es "tierra de paso obligado en las relaciones comerciales entre Europa y África, dada su condición de ser el sur del Sur de Europa". "Contamos con una enorme potencialidad turística, ya acreditada durante años y años", ha afirmado la presidenta de la Diputación, que ha aseverado que "todo eso ha estado en juego hasta ese momento, porque se contaba con una rémora muy importante para poder aprovechar esas potencialidades, justamente en la provincia que ha venido liderando todas las estadísticas nacionales y casi europeas de desempleo".
En este sentido, Irene García ha mostrado su "agradecimiento y sensibilidad" al Gobierno de la nación que, aun en funciones, "ha sido capaz de responder al compromiso manifestado ya hace muchos meses, una firmeza que contrasta con la indefinición que mostraron anteriores responsables de otros ejecutivos, que jamás fueron capaces de mantener un discurso firme en torno a la finalización del peaje, de la misma forma que, en otras comunidades autónomas, prefirieron repercutir sobre el conjunto de la ciudadanía el ruinoso e inexplicable negocio que mantenían nuevas concesionarias que se beneficiaban de infraestructuras modernas y estratégicas".
Además, Irene García ha destacado el "papel preponderante" que la Diputación ha venido manteniendo en demanda de la eliminación del peaje, "de forma especialmente reivindicativa". Así, ha repasado que "a lo largo de los años, abundan los plenos en los que se han adoptado declaraciones y manifiestos reclamando la liberación de la autopista, una exigencia que jamás se situó en términos de confrontación política o institucional, sino que siempre ha contado con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Cádiz, nacido del consenso de instituciones públicas, Confederación de Empresarios y sindicatos".
"Un pleito, promovido precisamente por la Diputación de Cádiz frente a la prórroga adoptada por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en 1997, fue tal vez la principal iniciativa frente al agravio que estamos a punto de ver finalizar", ha recordado la presidenta de la Diputación, que ha añadido que "aquel recurso judicial, planteado ante el Tribunal Supremo, se basaba tanto en argumentos de fondo como de forma, entre ellos un supuesto enriquecimiento injusto de la concesionaria, considerando las sucesivas prórrogas concedidas".
Sin embargo, según su propio relato, "ya en 2003, el Alto Tribunal desestimó aquel recurso, con lo que se ha estado abocado a agotar esta prórroga a la que ahora pone fin definitivamente el Gobierno de la nación".
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