En los pueblos de la Sierra Morena sevillana (la Sierra Norte), la despoblación, que se ha recrudecido según los últimos datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 1 de enero de 2019, es una “pandemia” que actúa como la carcoma sobre la madera: se la come, poco a poco, por completo. Uno de sus efectos comienza a ser preocupante y tiene como protagonistas a las casas típicas de los pueblos. En el caso de Cazalla de la Sierra (algo menos de 5.000 habitantes), considerada conjunto histórico, su Ayuntamiento, liderado por Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), ha decidido tomar medidas, que serán pioneras en la comarca, donde ya hay pueblos que estudian emular al municipio cazallero.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 26 de diciembre la ordenanza reguladora del registro de solares y edificaciones ruinosas del Ayuntamiento de Cazalla, que entrará en vigor quince días hábiles después de dicha publicación.
El registro, que se está ultimando en estos momentos, lleva ya contabilizados algo más de 40 edificios y solares en estado de abandono o ruinosos, la mayoría de ellos en el Casco Antiguo del pueblo. Se trata de casas de personas mayores de las que no se hacen cargo los herederos o familiares una vez aquellos mueren.
“El pueblo se defiende”, explica Martín Barrero, para conseguir “una ciudad más sostenible, más habitable, más compacta y más justa”, tal y como queda reflejado en la ordenanza.
Registro
Una vez esté elaborado el registro, “que no es un instrumento confiscatorio de la propiedad del suelo”, apostilla la ordenanza, el Ayuntamiento “dirigirá a sus propietarios una orden de edificación en la que les otorgará un plazo de un año para solicitar la licencia de edificación”.
Si transcurrido ese periodo, el dueño del inmueble o solar no inicia los trabajos o acredita los motivos por los que no lo ha hecho, “la parcela o solar quedará en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución”.
Es decir, será el Ayuntamiento el que costee los trabajos de emergencia para evitar derrumbes o problemas a los inquilinos colindantes. Ese coste se le pasará al propietario que, en caso de no asumirlo, dará lugar a la apertura de un procedimiento judicial por el que el Consistorio pasará a quedarse con el bien.
Este tipo de iniciativas llevan funcionando varios años en capitales como Sevilla, pero en el caso de las comarcas rurales como la Sierra Morena sevillana los motivos por los que se ponen en marcha es para evitar la pérdida de identidad e incluso su propia existencia.
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