Que Pere Aragonès haya usado la metáfora del rompehielos en plena crisis climática dice mucho de lo alejados que están los representantes del independentismo del mundo real. España es uno de los países más avanzados del mundo en derechos y en libertades. Dicho esto, a los que hablan del estado opresor, del estado fascista, del estado represor para referirse a España siendo representantes elegidos democráticamente deberíamos de censurarlos por vía política y judicial.
Hay que recordar que la sentencia del TJUE lo es ya que fue el propio Tribunal Supremo el que planteó una cuestión prejudicial a aquel. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo, muestra de lo garantista que es nuestro sistema judicial. Hay que recordar también que inmunidad no significa impunidad. La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa o blindaje especial de los diputados o parlamentarios para ejercer su representación y tiene su origen histórico como instrumento de protección frente a otros poderes y para impedir la persecución de los diputados en el ejercicio de sus funciones. Obviamente no son funciones propias de un diputado, ni de un parlamentario autonómico las acciones de ruptura del orden democrático y constitucional de su país. El privilegio de la inmunidad debida al cargo no puede convertirse en un privilegio personal que lo eleve jurídicamente sobre el resto de los ciudadanos, y de eso va esta historia.
Resulta inadmisible que se use la inmunidad sobrevenida para pretender salir de un proceso penal. Para entendernos, Junqueras ya estaba en prisión provisional por la gravedad de los delitos de los que se le acusaba y por el riesgo clarísimo de fuga a otros países de Europa donde las euroórdenes de detención son válidas según de donde provengan. Por tanto, a nadie se le escapa que Oriol Junqueras, Puigdemont y Comín se presentan como candidatos al Parlamento Europeo para obtener esa inmunidad y burlar así, al menos temporalmente, al Tribunal Supremo. Usar al Parlamento Europeo para humillar a la justicia española tiene su mérito. Que lo haga un político infame con Puigdemont que no hace mucho atacó a la Unión Europea y propuso que Cataluña se saliera de ella definiéndola como un "club de países decadentes y obsolescentes" demuestra su felonía. La mayoría de los analistas políticos han leído la sentencia del TJUE como una desautorización jurídica a nuestro Tribunal Supremo y como un triunfo, no solo jurídico, de las tesis independentistas. Para a entender la maniobra de Junqueras y Puigdemont cambiemos a sus protagonistas y pongamos al condenado Oriol Puyol. Si se hubiera presentado como candidato a europarlamentario durante su prisión preventiva por alguno de los partidos independentistas pocos hubieran dudado de la perversión de la maniobra.
La obligación de respeto de los derechos políticos de Junqueras o Puigdemont no puede estar por encima de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de cumplir con la ley. Usar un derecho político torticeramente para burlar una obligación legal es retorcer las reglas más elementales de nuestra democracia y parece una suerte de nuevo absolutismo ilustrado: soy elegible, soy elegido, luego mis obligaciones penales pueden esperar. El Estado independiente soy yo. De rompehielos a Rey Sol.
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