La UGT-Andalucía ha reiterado hoy que no ha cometido ningún delito porque "todas y cada una de las acciones formativas que englobaban cada uno de los programas objeto de investigación fueron realizadas, y con niveles de eficacia y calidad que no pueden ser puestos en duda de forma objetiva".
De esta forma la UGT-A responde a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, conocida ayer, que ha solicitado siete años de cárcel y multas de 50 millones para cuatro antiguos responsables de UGT-A, entre ellos su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, por presuntamente defraudar 40,7 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía a los cursos de formación.
En un comunicado el sindicato regional pide que se respete la presunción de inocencia, "máxime cuando los supuestos hechos aún no han sido objeto de enjuiciamiento, a fin de no implantar en la opinión pública la culpabilidad de las personas procesadas y de esta organización como una realidad".
En dicho escrito, "que no sentencia", se indica que la UGT-Andalucía es responsable civil subsidiario de las cuantías supuestamente defraudadas y, en este sentido, esta central señala que expondrá sus criterios, una vez que sea llamada al procedimiento, en las "cuestiones cuya valoración no comparte".
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