El sindicato Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) asegura que el perfil del funcionario en la Administración General de la Junta de Andalucía es el de una mujer de 52 años y con un "exceso" de carga laboral, debido a que durante una década "no se han cubierto vacantes", por lo que considera necesario dotar presupuestariamente las plazas necesarias, "que son muchísimas", y realizar "una revisión en profundidad" de la organización para hacerla más eficiente.
Según ha señalado este domingo la secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna, el envejecimiento de la plantilla de 20.989 funcionarios de la Administración General de la Junta es "evidente", ya que el 39,5%, concretamente 8.270 trabajadores públicos, tiene más de 55 años por lo que en en la próxima década se jubilarán, como recoge en una nota de prensa el sindicato.
Así, ahonda en que personas que llevan años asumiendo que sus áreas hayan menguado de personal hasta quedarse en muchos casos en la mitad de trabajadores de los que había en 2009 repercute en el volumen de tareas que deben asumir, mientras que en otros casos, con el paso de los años se han incrementado las labores a realizar. Por eso, ISA propone que a partir de los 61 años se permita la jubilación, siempre que se tengan 30 años cotizados, o en caso contrario, una jubilación progresiva que facilite la incorporación de talento y la transferencia de conocimiento.
Por grupos de edad, apunta que tan sólo 1.591 personas tienen menos de 40 años, un 7,5% del total, mientras que el grupo de entre 40 y 55 años es el más numeroso, con 11.628 trabajadores públicos, un 53%.
En cuanto al género, las cifras constatan la feminización de este cuerpo general de funcionarios, con un 56% de mujeres y un 44% hombres, un porcentaje que apenas varía entre las personas de mayor edad, donde las mujeres suponen un 55,5% y los hombres un 44,5% de trabajadores.
Por provincias, en Almería dejarán en diez años la Junta 670 trabajadores, un 43,6% del conjunto de los empleados de la Administración General en la provincia; en Cádiz, 661, lo que supone el 41,8%; en Córdoba un total de 770 plazas quedarán libres, el 42,8%; en Granada, 1.006, el 44,3%; en Huelva, 500, el 38% del personal; en Jaén, 690, un 43,8% del conjunto de empleados; en Málaga, 924 funcionarios, un 38,4% de la fuerza laboral; y en Sevilla, 3.049, un 36,41%.
Para la organización sindical, es necesaria una revisión que se apoye en la tecnología, que necesitará del talento de nuevos funcionarios, sumados al profundo conocimiento de la Administración y la experiencia de los existentes. "Se trata de hacer una buena organización de los servicios, dotar plazas donde hace falta y convocar oposiciones acorde a ello", subraya.
Luna señala además que muchos de los funcionarios de la Junta de Andalucía trabajan de cara al público, una situación "siempre complicada" y que lo ha sido más durante la crisis, pues "a muchos les ha pasado factura emocional e incluso física, en forma de estrés o ansiedad".
A todo esto se une que las trayectorias profesionales en la Administración "no son fáciles", la evolución "requiere pasar por concursos internos, traslados, el aprendizaje continuo de nuevas normativas y reglamentos y afrontar el manejo de nuevos programas informáticos de gestión", motivos por los que ISA considera necesario "dar alivio a una plantilla que ha dado todo de sí durante años".
OPOSICIONES
En cuanto a la fórmula de acceso a la función pública, Luna recuerda que defienden que sea "siempre por un concurso oposición", como los médicos y maestros, pruebas donde se aproveche el potencial humano con experiencia. Respecto al tipo de pruebas, considera que el esfuerzo memorístico "es excesivo" en la actualidad, sin que se tengan en cuenta otros criterios. En este sentido, aboga por estudiar lo que se hace en otros países y es partidaria de un debate abierto.
Además, la secretaria de Acción Sindical de ISA señala que, mientras tanto, es necesario agilizar las convocatorias de oposiciones hasta lograr ponerlas al día, dado que en la actualidad todavía se están poniendo en marcha las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2017 y 2018, quedando aún pendiente 2019. "Hay que lograr que haya oposiciones anuales de forma ininterrumpida", asegura.
Por último, Isa considera que estos cambios deben enmarcarse en una nueva Ley de Función Pública, ya que la existente data 1985 y "no responde a la realidad" ni al Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en 2007. Desde que esta última normativa entró en vigor, se han aprobado diversos decretos para adaptar algunos aspectos de la Ley, ocasionando un "caos normativo" y el "bloqueo" de aspectos como la promoción horizontal o medidas para la conciliación laboral como el teletrabajo. "Es hora de que se aborde esta cuestión", concluye.
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