La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión y multa de 8.600 euros a la administradora y a los dos apoderados de una empresa familiar de Motril (Granada) acusados de un delito de insolvencia punible en el marco de un expediente de regulación de empleo en un concesionario.
Según recoge el escrito de acusación, los procesados María Angustias J.M., José Manuel J.M. y Rosa María J.M., serán juzgados los próximos 18 y 19 de diciembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
De acuerdo al relato de hechos de la Fiscalía, los tres acusados, una de ellos como administradora y el resto como apoderados de una empresa de automóviles de Motril (Granada), iniciaron en 2013 un expediente de regulación de empleo y comunicaron, con fecha 29 de julio de ese año, a los trabajadores la extinción de su contrato laboral, el cese de la actividad y el cierre de las instalaciones.
De los quince trabajadores querellantes, la extinción del contrato por el ERE solo afectó a cuatro de ellos y porque, a la fecha de aquella comunicación, los once restantes ya habían extinguido su relación laboral con la empresa a raíz de una sentencia de un Juzgado de lo Social de Motril.
En dicha sentencia, el juzgado reconocía a favor de los once trabajadores querellantes y en contra de la empresa una deuda, por indemnización y salarios indebidos, de un millón de euros, de la que a los trabajadores se abonó la cantidad de 65.336 euro y quedaban pendientes 935.086 euros.
Respecto a los cuatro trabajadores querellantes afectados por el ERE, tras varias impugnaciones, en febrero de 2016 el Tribunal Superior de Justicia dictó auto en el que se reconocía a favor de estos y en contra de la empresa, una deuda de 434.837 euros, de los que esta última solo abonó 151.474 euros.
Según el Ministerio Público, los acusados, actuando de común acuerdo, en previsión de la deuda que habrían de contraer así como de los pronunciamientos que pudieran recaer en procedimientos judiciales y con la ánimo de defraudar las legítimas expectativas de cobro de los trabajadores, tras la extinción de su relación laboral urdieron desde meses antes de iniciar el ERE un plan.
A través de operaciones fraudulentas de traspaso de bienes o transferencias de dinero favor de otras empresas del mismo grupo familiar y para descapitalizar a la entidad Fajisa Automóviles Motril pretendían llevar a esta última en una situación de insolvencia que impidiese hacer frente al pago de las cantidades debidas a los trabajadores querellantes, indica la Fiscalía.
De las diligencias practicadas se pudieron constatar con tal finalidad distintas operaciones fraudulentas hechas de común acuerdo por los acusados como traspasos de efectivo, traspasos de vehículos, disposición de maquinaria y bienes muebles ubicados en las instalaciones de la empresa o disposición de importes depositados en pólizas de seguro colectivo de ahorro.
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