La Justicia de Sudán dictó hoy la primera sentencia condenatoria contra el expresidente Omar al Bashir tras su derrocamiento en abril pasado al encontrarle culpable de un delito de tráfico ilegal de divisas y corrupción.
Al Bashir, de 75 años, fue condenado hoy a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por un tribunal especial de Jartum en una causa relacionada con la tenencia de más de siete millones de euros en divisas y libras sudanesas en su domicilio
El hombre que gobernó con puño de hierro Sudán desde 1989 hasta hace ocho meses entró en la sala de la vista en medio de un gran despliegue policial. Vestido de blanco saludó a familiares y amigos en la sala que le recibieron cantando consignas de apoyo y gritando "Dios es el más grande".
Allí metido dentro de una jaula escuchó cómo el tribunal le encontraba culpable de tenencia ilegal de divisas, pero no le aplicaba la máxima pena para estos casos, que es de 10 años.
El juez Al Sadeq Abdelrahman consideró probado el delito de tráfico de divisas y de vulnerar las leyes contra el blanqueo de capitales, de los que se le acusó tras una redada en su domicilio pocos días después de su derrocamiento el 11 de abril.
En aquella operación se le incautaron 6,9 millones de euros, 351,000 dólares y 5 millones de libras sudanesas (80,000 dólares).
Al Bashir se defendió con el argumento de que el dinero era parte de una donación de 25 millones de dólares otorgada por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, para ayudar a Sudán y que el resto de ese monto había sido gastado en asuntos de interés público.
Tras dar por probado el delito, el magistrado emitió entonces su sentencia recordando que el sistema legal sudanés no permite la condena a prisión de personas de más de 70 años, por lo que optó por su reclusión durante dos años en un centro social.
Además, el tribunal ordenó la confiscación de los bienes incautados a Al Bashir en su domicilio.
Los miembros de la familia de Al Bashir interrumpieron la lectura de la sentencia por parte del juez y antes de pronunciar el veredicto, corearon que "tribunal politizado", por lo que el magistrado ordenó a la Policía que fueran expulsados de la sala.
Al Bashir prefirió guardar silenció y no responder a los periodistas que le pedían una valoración antes de abandonar el lugar.
Quien si respondió fue el equipo legal del dictador, que reaccionó indignado ante lo que consideraron la politización del tribunal.
Uno de los abogados de Al Bashir, Hashem Abu Bakr, dijo a Efe que el juicio fue "politizado" y anunció que acudirán al tribunal de apelaciones para recurrir la sentencia.
Otro miembro de la defensa, Muhammad al-Hassan Al Amin, dijo que se opondrían al fallo del tribunal por medios legales y políticos, agitando el uso de la calle para manifestarse contra la injusticia y la revolución contra el nuevo sistema.
La Asociación de Profesionales del Sudán, uno de los principales grupos que promovieron las protestas que acabaron con la caída de Al Bashir, consideraron en un comentario en Facebook que la condena es "la punta del iceberg de su corrupción (...) y un comienzo de la rendición de cuentas"
La sentencia se produjo horas después de que un comité gubernamental anunciara la decisión de disolver varias instituciones vinculadas con el antiguo régimen, como el Colegio de Abogados de Sudán, así como sindicatos y asociaciones profesionales y la patronal creados bajo la Ley de Asociaciones Profesionales.
En junio pasado se aprobó una ley para desmantelar asociaciones y organismos relacionados con el régimen de Al Bashir, incluido el antiguo partido del Congreso Nacional, del exgobernante.
Miles de seguidores se manifestaron en paralelo al juicio para apoyar a Al Bashir y rechazar la decisión del comité.
Los manifestantes se movilizaron por la capital y protagonizaron momentos de tensión, según pudo constatar Efe, cuando se enfrentaron verbalmente con gente que rechazaba la protesta.
Al Bashir está acusado de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) por el conflicto de Darfur, que comenzó en 2003 tras el levantamiento en armas de dos grupos rebeldes y que supuso más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.
Por el momento Al Bashir no ha sido acusado en su país de estos crímenes.
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