El Juzgado de Instrucción 5 de El Prat de Llobregat, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte violenta de su pareja.
La causa está abierta por asesinato u homicidio doloso y calificación pendiente según avance la causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este jueves en un comunicado.
Se ha acordado también la incomunicación por parte del investigado con los tres hijos menores de la pareja que están bajo custodia de la Direcció General d'Atenció a la Infància y l'Adolescència (DGAIA).
Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron este lunes como presunto autor del crimen cuando se entregó a la comisaría de El Prat después de que encontraran el cadáver, momento en que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos abrió una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte.
La mujer asesinada, Yúlia, se quería divorciar de su marido y en junio había acudido a urgencias del Hospital de Bellvitge tras una agresión del hombre, explicó a Europa Press quien era abogada de la víctima, Marisa Fernández.
La víctima alertó al personal sanitario que la atendió en el hospital la madrugada del 25 de junio de que las lesiones las había causado su marido, pero el juzgado de violencia sobre la mujer de su municipio, al que correspondía el caso, no recibió el aviso que el hospital está obligado a emitir.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explicaron a Europa Press que en el juzgado de violencia sobre la mujer de El Prat de Llobregat no consta ninguna notificación del hospital por las lesiones de Yúlia.
La Conselleria de Salud abrió el martes un expediente informativo sobre el caso para investigar y "aclarar qué sucedió en este caso concreto" ante las informaciones de que notificación no llegó al juzgado, un procedimiento que según el Departamento puede durar varios días e incluso semanas.
Por su parte, el Hospital de Bellvitge también ha abierto una investigación propia sobre los hechos, y prevén que sea la Conselleria de Salud quien haga públicos los resultados.
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