El Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para un ex gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba por malversar más de 610.000 euros y otros seis para el jefe de Contabilidad y Administración en funciones por permitirlo y no hacer nada para evitarla.
La calificación fiscal, facilitada a Efe, describe que los hechos sucedieron durante los trece años en que el ex gerente estuvo al frente del organismo, cuya presidencia corresponde a la Diputación de Córdoba, entre 2000 y 2012 mediante cuatro procedimientos fraudulentos.
El que mayor montante reunió fue desviar, a través de 46 transferencias y órdenes de pago desde el Consorcio a su cuenta corriente, 310.891,28 euros, "que no presentaban ningún justificante de gasto asociado (factura o albarán), por lo cual, no se deben a bienes recibidos o servicios prestados" entre enero de 2007 y marzo de 2012.
Mediante la consignación de 2.090 horas extraordinarias, que no podía cobrar "dada la naturaleza del cargo de alto directivo" del acusado, según la acusación pública, se hizo con 127.860,65 euros entre abril de 2001 y julio de 2006.
Otros 95.414 euros los logró a través de anticipos reintegrables o quincenales de nóminas que "ni devolvió ni compensó", según la Fiscalía, mientras que 76.113,54 euros acabaron en la cuenta corriente del ex gerente por medio del supuesto abono a la empresa que se encargaba de la limpieza del Consorcio por facturas que duplicaba entre noviembre de 2010 y febrero de 2012.
El ex gerente era desde el segundo año de su nombramiento, además, tesorero del organismo, que junto a la Diputación forman los ayuntamientos de la provincia para la gestión de la red de parques comarcales de bomberos, lo que le daba "facultades de disposición sobre el dinero público".
Mientras que para él el fiscal pide ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros de falsedad continuada en documento oficial, para el jefe de Contabilidad y Administración en funciones solicita, por el delito de malversación como cooperador necesario, seis años de cárcel.
Para el Ministerio Público, el responsable de la contabilidad "de haber realizado sus funciones, premeditadamente omitidas, ninguno de los hechos se hubieren realizado o al menos no hubieran continuado durante tanto tiempo o bien se hubiesen podido tomar las medidas oportunas para que ello no sucediere y exigir las responsabilidades incurridas por tales acciones".
El Tribunal de Cuentas, conforme recoge las propias conclusiones provisionales de la Fiscalía, determinó una responsabilidad por alcance de fondos del ex gerente por un importe de 479.857,20 euros, aunque las cantidades descritas como ilícitas por la Fiscalía suman 610.279,47 euros.
El caso fue descubierto con la llegada del PP al gobierno de la Diputación de Córdoba en 2011, tras lo que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y sustituyó al ahora acusado, que era además funcionario del organismo provincial, como gerente del Consorcio.
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