La jueza que investiga el caso Aznalcóllar tomará declaración este lunes a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y secretario general de la Consejería andaluza de Innovación cuando se celebró el concurso para adjudicar la explotación de esta mina, en 2015.
Fernández, que acudirá en calidad de investigado, dimitió de su puesto en la SEPI el mismo día que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenó por segunda vez la reapertura de la causa, el pasado 26 de septiembre.
Además del ex secretario general de Innovación, mañana lunes también están citados J.M.A.P., miembro de la Mesa de Contratación del concurso e interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y P.S.l., también componente de la Mesa y letrada de la Consejería de Economía en 2015.
La Sección Séptima reabrió el caso al estimar íntegramente el recurso de apelación de la empresa que perdió el concurso, Emérita, contra el archivo de la denuncia penal, dictado el 11 de marzo.
En el auto, la Sala advertía "poderosos indicios" de prevaricación y mandaba "investigar la participación de cuantas personas hayan intervenido (...) para favorecer el concurso presuntamente fraudulento".
Tras recibir ese mandato, la instructora emitió el 8 de octubre un auto en el que citó como investigados a todos los miembros de la comisión técnica y la Mesa de Contratación, trece personas en total, y amplió la investigación, inicialmente centrada en la prevaricación, a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla retomó la investigación el 11 de noviembre con la declaración como testigo de la actual presidenta de Navantia, Susana Sarriá, quien aseguró que no había habido trato de favor al grupo México-Minorbis, adjudicatario de la explotación.
Sarriá también afirmó que la Mesa de Contratación no discriminó a Emerita Resources ni siguió órdenes de Fernández para favorecer a México-Minorbis, algo en lo que también han coincidido varios investigados.
María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas cuando se llevó a cabo el concurso público, estaba citada el 11 de noviembre como investigada, pero su abogado tenía un señalamiento previo y la comparecencia se aplazó hasta el 12 de diciembre.
Ese mismo día se personarán en el juzgado, también como investigados, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes del grupo Magtel, de la que era filial Minorbis, que junto al Grupo México ganó el concurso frente a Emerita, que ahora ejerce una de las acusaciones particulares.
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