La Audiencia de Málaga ha suspendido el juicio con jurado popular previsto para este próximo miércoles 27 de noviembre a seis hombres, acusados por su presunta relación con la muerte a tiros de otro tras una disputa ocurrida en febrero de 2017, al parecer, por el robo de un gallo de pelea.
Así lo han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado a Europa Press que el motivo de la suspensión ha sido la enfermedad de uno de los acusados y que aún no se ha puesto nueva fecha para la celebración de la vista oral.
La Fiscalía de Málaga solicita inicialmente que se les condene en total a una pena de casi 100 años de prisión y les acusa a cada uno por un delito de asesinato, a tres de ellos como supuestos autores; y por otro de tenencia ilícita de armas.
Los hechos sucedieron en Málaga capital. La acusación pública considera en su escrito inicial que, a causa de dicha disputa, cinco de los acusados, con vínculos familiares, fueron a una barriada a buscar a la víctima supuestamente "con ánimo de arrebatarle la vida", de forma que todos iban "portando armas cortas de fuego".
Así, cuando encontraron al hombre, presuntamente, "le dispararon a corta distancia e indiscriminadamente, impactando entre ocho y nueve disparos en su cuerpo, la mayor parte por la espalda", según dice el fiscal en sus conclusiones provisionales, en las que indica que el sexto acusado era presuntamente hombre de confianza de los anteriores y fue el que les entregó las armas previamente.
Los disparos, según el ministerio público, afectaron a los vasos sanguíneos, pulmones y la columna vertebral de la víctima, lo que le provocó un shock hipovolémico neurológico, que le causó la muerte el mismo día.
El fiscal acusa a los seis hombres de un delito de asesinato, a tres como supuestos autores, solicitando que se les imponga 18 años de prisión; otro como cooperador necesario, para el que pide 15 años de cárcel; y los dos últimos como presuntos cómplices, solicitando nueve años de prisión. También les achaca un delito de tenencia ilícita de armas cortas, por el que pide dos años para cada uno.
En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación pública considera que deberán indemnizar a la hija del fallecido con la cantidad de 298.000 euros y al padre del mismo con 72.000 euros. La causa se ha tramitado por el procedimiento de la Ley del Jurado.
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