En política todo tiene un precio. El voto, lo primero. Es importante tenerlo en cuenta, a una semana de las elecciones, porque no se trata solo de dar confianza a una u otra opción política, también hay que tener claro que, con cada papeleta, estamos facilitando dinero a los partidos. Y hay mucha pasta en juego el próximo domingo. Las formaciones recibirán 14.817 euros por escaño y 0,57 euros por cada sufragio al Congreso y 0,22 euros por cada cruz en la candidatura al Senado. En abril se embolsaron mucho más, un 30% concretamente, pero desde el año 2016 la normativa impone recortes en las subvenciones para las elecciones celebradas por investidura fallida.
Para que nos hagamos una idea del coste del voto, el triunfo de Pedro Sánchez incrementó en dos millones las subvenciones obtenidas en 2016, con 15,6 millones de euros. Por el contrario, el PP redujo un 45% los ingresos con respecto a los anteriores comicios por el desplome en las urnas: solo (solo...) 10,5 millones de euros frente a los 19 millones de euros que cosechó Mariano Rajoy. Ignoro si alguien le puso en la mesa a Pablo Casado la factura del batacazo de hace seis meses antes de comparecer aquella aciaga noche electoral ante los medios de comunicación, pero su expresión sombría sugiere que sí. El ex presidente, quién lo iba a decir, resultaba más rentable. En Cádiz, la sonrisa también se le heló a Antonio Sanz, entonces presidente provincial, y a María José García-Pelayo, que había puesto su cara en los carteles. Con el peor resultado histórico de su partido, y relegados a la cuarta plaza, los populares se dejaron dos diputados, tres senadores y 100.000 apoyos. Aquello costó un riñon. A Ciudadanos y Vox les tocó la lotería, sin embargo. PSOE y Unidas Podemos mantuvieron el tipo (de interés).
Pero el voto también genera beneficios indirectos a los partidos.Los agraciados tienen nombres y apellidos. El reparto de poder en los gobiernos, parlamentos y plenos municipales llevan aparejados el reparto de cargos institucionales (públicos) y eventuales (públicos o no), de los que no se habla a menudo, salvo cuando hay movimientos como en esta misma semana. El PP ha registrado dos nombramientos que resuelven cuestiones de organización interna pero que, al menos en un caso, puede ser un problema en el futuro inmediato. Cuatro meses después, Antonio Saldaña despeja la duda y cede, con efectos del 2 de agosto, a Almudena Martínez del Junco la portavocía del grupo municipal. Abogada, ingresará unos 32.000 euros por su desempeño, porque solo tendrá dedicación al 80% para poder seguir ejerciendo.
Saldaña, por su parte, continúa al frente del grupo provincial de Diputación, con un sueldo que dobla de largo la nómina de Del Junco y por delante de la mayoría de los alcaldes de la provincia, salvo algunos como los de Chiclana, San Fernando o Jerez, además de disfrutar de conductor y coche oficial. A partir de ahora tendrá como viceportavoz a Juancho Ortiz, la otra designación hecha efectiva también estos días. Hasta aquí, todo en orden para el PP, pero, si los populares consiguen el segundo parlamentario nacional, el alcalde de Vejer, José Ortiz, tendrá que renunciar a su acta de diputado provincial en favor de Andrés Núñez. Y habrá que tomar decisiones. El presidente del PP de Chiclana ha sido recientemente contratado en el grupo popular en Diputación, unas semanas después de que Ana Mestre le ofreciera el número dos de la organización, tal y como denunció la concejala socialista Cándida Verdier. Como diputado provincial, Núñez no podría trabajar en el grupo, así que habría que plantear el relevo de Juancho... o el de Saldaña, quien ha generado alguna situación incómoda en los últimos meses. No en vano, aún resuenan los ecos en el salón de plenos de su “niña caprichosa” dirigido a la presidenta, Irene García.
Situación similar podría vivirse en Ciudadanos, donde el actual senador, Carlos Pérez, podría quedarse colgado de la brocha si pierde el representante provincial en la Cámara Alta. En el grupo municipal, Manuel Méndez y Jesús García ejercen como portavoz y viceportavoz, respectivamente, con jugosa remuneración. La cuarta concejala, Estefanía Brazo, también está liberada como diputada provincial. El resultado de las urnas dirá. El otro nombre propio es el de Fran González. El que fuera candidato del PSOE de Cádiz y ex concejal retiene la secretaría local de la organización y ahora se incorpora como asesor técnico al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Pese a haberse publicado en el diario oficial, no había trascendido a la opinión pública. Cuando se ha sabido, la indignación ha sido general. Nadie ha salido a justificar su colocación ni a valorar su buena suerte. Es un buen síntoma que se abra debate, en cualquier caso. Sirve para recordar que todo en política tiene un coste y que el voto y la participación (o la abstención) tienen valor. Mucho. A nadie le gusta que se juegue con su dinero. Cada papeleta tiene un precio.
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