El servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos es una bomba de relojería y los vertederos de la provincia son unos auténticos polvorines. Un informe al que ha tenido acceso este medio, con fecha de 10 de octubre y firmado por la tesorera y el interventor del Consorcio para la gestión de residuos sólidos urbanos, señala que la auditoría de 2020 Ingenieros SL sobre la Planta Medioambiental de Miramundo “ha comunicado reiteradas deficiencias en la prestación de los servicios y ausencia de datos económicos proporcionados por el operador del contrato”, Biorreciclaje de Cádiz SA. La memoria de tesorería de 2018 del ente ya indicaba que “el nivel de rechazo de los residuos (...) es muy superior al previsto, superando (...) el 91% de la previsión establecida entre 2007 y 2014”, lo que provoca “el incumplimiento de la normativa”. Los trabajadores de Las Calandrias han denunciado, por su parte, recortes de personal, pasando de 120 empleados a 80 tres años, y el cierre de una de las líneas de reciclaje.
Sin embargo el último documento advierte además del “caos organizativo y financiero” que “impide la gestión consorcial con eficacia, eficiencia y economía”. Es cosa seria. Las cuentas no salen. Biorreciclaje de Cádiz SA ya presentó reclamación de pago de intereses de demora en octubre de 2018. Este año, la situación se ha agravado. La Diputación debía aportar en 2019 unos 760.000 euros en concepto de cuota en relación a los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero solo ha realizado una transferencia de 60.000 y estudia la posibilidad de inclusión o exclusión del propio Consorcio. Los siete ayuntamientos que pertenecen a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra aprobaron en Junta General en noviembre de 2017 la prestación mancomunada del servicio, lo que los deja fuera del Consorcio de facto; en 2019 debían aportar 1,5 millones de euros. Por su parte, Arcos, El Puerto, Jerez y Rota ya han iniciado formalmente el proceso de separación.
El verdadero problema está en Chiclana, Puerto Real y San Fernando, que acumulan deuda millonaria y están metidos en un atolladero. En 2013, la Junta General del Consorcio determinó el establecimiento de la tasa consorcial con el objetivo de financiar la prestación integral del servicio. Posteriormente, se redujo el ámbito de implantación a estos tres municipios. En 2015, no se pudo liquidar por “las constantes dificultades planteadas por el Servicio de Recaudación (SPRGT)” de la Diputación. Así que San Fernando y Puerto Real abonaron el coste mediante cuota. Chiclana no procedió al pago y fue necesario iniciar el expediente de retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), con el cobro parcial de unos 100.000 euros, estando pendiente aún unos 900.000. En 2016, el Pleno municipal de Chiclana decidió romper los acuerdos con el Consorcio y asumir coste y recaudación de la tasa desde el 1 de enero de 2017 y, en julio, el Ayuntamiento remitió un escrito al Consorcio en el que daba cuenta de un acuerdo entre Chiclana Natural SA y Biorreciclaje de Cádiz SA para proceder al pago de 2016.
En el caso de Puerto Real y San Fernando, el SPRGT notificó la liquidación inicial de imposición del tributo de 2016 y ha emitido y aprobado los padrones y listados cobratorios de 2017, 2018 y 2019. Pero ni los vecinos han pagado ni los gobiernos locales tienen claro cómo saldar la deuda. En La Isla, el Pleno aprobó este lunes que el Ayuntamiento asuma el pago de la tasa consorcial a partir de 2020, pero no abordó el pago de recibos de los últimos cuatro años. La factura, solo en 2019, asciende a 2,1 millones de euros, calculado sobre 34.175 toneladas anuales, con un precio de 52,69 euros/Tn. En Puerto Real, un acuerdo plenario en mayo pasado determinó la creación de una comisión con representación de los partidos políticos, empresarios y comerciantes que estudie cómo saldar lo que se debe, unos 2,5 millones, pero no se ha constituido.
Todo hace indicar que serán finalmente los contribuyentes quienes carguen con el pago de las facturas pendientes, con recibos para particulares de entre 38 y 67 euros por anualidad y de entre 100 y 2.200 euros según la actividad profesional. Pero la solución a la difícil situación del Consorcio está lejos de resolver. Si salta por los aires, habrá explosiones en cadena.
Las Calandrias no es opción “segura” para el Consorcio
San Fernando estudia romper con el Consorcio, pero el interventor municipal y también interventor del ente ha advertido del riesgo que entraña esta decisión, sin que exista “alternativa segura”. En este sentido, ha cuestionado en un reciente informe la capacidad de Las Calandrias “para recibir más de 34.000 toneladas de residuos adicionales”. Justo la semana pasada, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, instó a los responsables de las instalaciones a que aporten documentación sobre el personal contratado, tras las denuncias de recortes en la plantilla, así como información de la tasa de recuperación y registro de entrada de toneladas de residuos. Además, alertó de una posible revisión de las condiciones de la concesión si no se cumple el contrato.
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