El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, absuelto en la pieza política de los ERE tras una petición de 6 años de prisión de la Fiscalía Anticorrupción, "hizo absolutamente lo que pudo" para avisar a sus superiores de las irregularidades en las ayudas que se concedían, según su abogado, José Rebollo.
Gómez, para que el que también se pedían 30 años de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación, incurrió incluso en un "exceso de celo" para alertar en 2005 a los dirigentes políticos del procedimiento específico empleado para las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, ha explicado a Efe su defensor.
Rebollo, que también defendió a Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda al que se le retiró la acusación durante la vista oral, ha mostrado su comprensión por el hecho de que los 19 ex altos cargos condenados, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, intentaran derivar su responsabilidad al interventor.
Sin embargo, ha añadido su abogado, el interventor avisó con informes, como recoge la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que le absuelve de todos los delitos de los que estaba acusado y cifra en 680 millones el dinero concedido de forma inadecuada.
"La actuación del interventor está reglada, no puede ser un inquisidor que se meta en cualquier recoveco. No puede ir más allá" de sus atribuciones, subraya el abogado antes de añadir que hizo "absolutamente lo que pudo" para avisar del mal uso de las subvenciones que se concedían.
En la sentencia de la primera pieza enjuiciada del caso ERE de las más de cien pendientes, la Audiencia de Sevilla absolvió completamente solo a dos de los 21 acusados: el interventor, que ocupó el cargo entre los años 2000 y 2010, y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco del Río, aunque para este último solo se pedía inhabilitación (10 años) y no cárcel.
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