Las familias de Jerez, Guadalcacín y Nueva Jarilla sobre las que pesa una orden de demolición por las construcciones prefabricadas instaladas en asentamientos ilegales, han protestado esta mañana por las calles de Jerez para reclamar al Ayuntamiento que dé marcha atrás.
El más de un centenar de familias afectadas adquirieron las citadas parcelas en 2016 en un terreno rústico agrícola en Guadalcacín, en las inmediaciones del mosto de Santa Teresa, después de que salieran a la venta por precios que rondaron los 12.000 euros, en el caso de la más barata, de 400 metros. En total fueron 108 las familias que fueron adquiriéndolas desde esa fecha en las tres fases en las que se vendieron dichos terrenos, que los propietarios utilizan como “zonas de recreo”.
Sin embargo, desde el propio Ayuntamiento ya les han trasladado que no hay marcha atrás. El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha señalado que “estamos ante un caso de parcelación ilegal, un delito urbanístico de extrema gravedad y nuestro deber como administración es restablecer la legalidad urbanística”.
El teniente de alcaldesa mantuvo un reciente encuentro con este colectivo de parcelistas de la citada finca, sobre la que se realizó en su día una parcelación no autorizada de más de 53.000 metros cuadrados. La finca está situada en suelo no urbanizable (rústico) de especial protección junto al Parque Tecnológico Agroindustrial, y próxima al Aeropuerto de La Parra.
En aquella ocasión, José Antonio Díaz mostró su comprensión hacia estas familias, “lamentamos su situación, pero estamos ante una parcelación ilegal, y el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir la legalidad, como también indican la Junta de Andalucía y el Seprona, y no hay más solución que la demolición”. Como ha señalado el teniente de alcaldesa, en aquella reunión, se les informó de que el objetivo del Ayuntamiento es el restablecimiento de la legalidad urbanística de la finca, que consta de 108 parcelas con alto nivel de consolidación debido a la presencia de edificaciones, construcciones e instalaciones varias que están fuera de ordenación.
En este sentido, durante el encuentro se pusieron en común datos y referencias sobre la situación de la finca, y se les informó de las medidas iniciadas por parte del Ayuntamiento para el restablecimiento del orden urbanístico, entre las que figuran gestiones para los cortes de suministro eléctrico y de agua y la filiación de los distintos parcelistas.
Igualmente, se comunicó a los parcelistas que se han realizado las oportunas comunicaciones al Ministerio Fiscal y al Registro de la Propiedad para que tengan conocimiento de la incoación de los expedientes.
Entre las propuestas que se plantearon en la reunión se contemplaba la posibilidad de aplicar como atenuante la colaboración de los propietarios en la restitución del orden urbanístico infringido.
Los afectados defienden que en todo este tiempo transcurrido no “hemos alterado el terreno”, asegurando que lo máximo que han hecho es plantar césped, y colocar piscinas “dejándolas caer en la tierra”, “ni hemos hecho boquetes ni hemos colocado hormigón para nuestras casas, son casas de chapas o prefabricadas”, en las que pasan algunos fines de semana, asegura el representante de los afectados. Sus problemas comenzaron en 2018 cuando Urbanismo les envió un requerimiento dándoles seis meses de plazo para que desalojaran las distintas parcelas y avisándoles de que se procedería al derrumbe de las distintas construcciones si no volvían a su “estado natural”.
“Es que no es solamente una parcela de cada uno, estamos hablando de más de 1.000 árboles plantados, un pulmón de oxígeno. Por ello, están dispuestos incluso a asumir las multas que sean necesarias, pero siempre y cuando mantengan sus casas. “Que nos dejen pagar sanciones por lo que hemos montado cada uno en nuestras parcelas, pero que no nos tiren todo”, concluye el administrador de la sociedad limitada y afectado directo, Antonio Fernández
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