El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha dado la voz de alarma sobre el "incremento" de la participación de los menores de edad y jóvenes en los juegos de azar, toda vez que, entre otras medidas, ha pedido "la prohibición de la publicidad de los juegos de azar" en Andalucía o que, en el caso de que no se aceptara dicha prohibición, "se establecieran limitaciones, al modo en que se ha realizado con otras sustancias como el alcohol y tabaco".
Además, Maeztu ha reivindicado el cumplimiento de un decálogo que reúne los principios "inexcusables" que permiten la protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes andaluces, entre los que se encuentran la lucha contra la pobreza infantil, el derecho a una educación de calidad e igualitaria, el acceso a una vivienda digna o la adecuada atención a los menores vulnerables.
Así lo ha indicado durante la presentación del Informe del Menor 2018 ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz. Este informe recopila la actuación del Defensor del Menor en 2018, año en el que realizó un total de 4.931 actuaciones, de las cuales 2.293 se refirieron a quejas y 2.638 a consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de familia, como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o la expedición de tarjetas de familia numerosa, seguido de educación, vivienda y servicios sociales.
Durante la presentación, el Defensor del Menor ha expuesto las principales demandas de la ciudadanía y las actuaciones de la institución en lo referente a cuestiones de menores, condensadas en un decálogo de actuaciones que serviría como una hoja de ruta para garantizar el interés superior del menor. Este decálogo recoge como principios fundamentales la lucha contra la pobreza; el acceso a una educación de calidad e igualitaria; el derecho a la salud, a una vivienda digna o a un medio ambiente sostenible; el derecho a la protección de los menores vulnerables, entre los que se incluyen los que sufren abusos y otro tipo de malos tratos o la violencia de género.
Completan el decálogo la garantía de un trato adecuado a los menores migrantes; el principio de derecho a una justicia juvenil; los derechos al acceso a la cultura, el ocio y el deporte, y el derecho a la participación.
Entre otras cuestiones, el Defensor del Menor de Andalucía también ha dado la voz de alarma sobre que el "incremento" de la participación de los menores de edad y jóvenes en los juegos de azar, representando un serio riesgo para ellos dada su situación de vulnerabilidad. El Defensor ha alertado sobre los riesgos que conlleva esta "adicción sin sustancia" que constituyen los juegos de azar y se ha sumado a las voces que advierten "sobre el riesgo de perder una generación por el juego de azar al igual que antaño se perdió otra por el consumo de drogas".
PROPONE DESTINAR PARTE DE LA TASA FISCAL A PREVENCIÓN
Entre otras demandas, Maeztu ha planteado profundizar en la investigación del fenómeno; incrementar las medidas preventivas contra el juego de azar por adolescentes y jóvenes, con campañas de educación y sensibilización, y que un porcentaje de la recaudación de la tasa fiscal sobre el juego se destine a la financiación de políticas de prevención y tratamiento de ludopatías, así como la "prohibición de la publicidad" de los juegos de azar en la comunidad autónoma o que, en el caso de que no se aceptara dicha prohibición, "alternativamente se establecieran limitaciones, al modo en que se ha realizado con otras sustancias como el alcohol y tabaco".
Asimismo, el Defensor del Menor de Andalucía ha entregado a los miembros de la Comisión una copia de la Declaración de Tarifa, aprobada por el conjunto de los Defensores de España el pasado 16 de octubre, en la que promueven la defensa y protección de los niños que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan.
En este sentido, ha destacado que "es determinante que no haya ningún niño en un CIE y ningún adulto en un centro de menores, porque distorsiona", por lo que defiende que las pruebas para determinar si una persona es menor "lo determinen claramente".
El popular Francisco José Palacios ha destacado que la institución "siempre se ha mantenido independiente cuando ha tenido que ser crítica con las instituciones andaluzas y siempre ha defendido los intereses de lo menores", toda vez que ha dicho que "es gratificante" ver, según el informe del Defensor, que "estamos acertando en cuanto a los asuntos que estamos abordando en esta comisión", por lo que "vamos en la dirección adecuada".
Felipe López, del PSOE, ha destacado la "unidad" que genera la trayectoria de Maeztu como servidor público, y ha afirmado que este informe "relata la radiografía de 2018 y la dinámica social en la que estamos envueltos", porque "el aumento del número de millonarios y el incremento de las desigualdades no es el resultado de la casualidad, sino de una determinada manera de organizar la sociedad que permite esta situación".
El diputado de Ciudadanos Emiliano Pozuelo ha puesto en valor la fortaleza de la institución del Defensor y la importancia de la Comisión de Infancia, y ha apuntado que el informe presentado "hace ver que las cifras de pobreza infantil llevan consigo el fracaso escolar", por lo que "hay que intentar erradicar esa pobreza infantil que trae abandono escolar y mayores cifras de paro". También aboga por una "mayor coordinación e implicación" a nivel nacional para un reparto "equitativo, justo y ordenado" de los MENA.
Desde Adelante Andalucía, Maribel Mora ha alabado el trabajo del Defensor con este tipo de informes, "muy válidos para intentar modificaciones legislativas, como para realizar la labor de control al gobierno", toda vez que ha señalado, respecto a los menores infractores en centros de reforma, que "siguen en pie" sus dificultades de escolarización, tras la recomendaciones realizadas a la Junta por parte del Defensor estatal y ha apostado por la redistribución de cargas y la solidaridad entre las comunidades respecto a los menores extranjeros no acompañados.
Por último, desde Vox el diputado Manuel Gavira ha agradecido a Maeztu "su empeño", aunque "echa en falta la fuerza ejecutiva de la institución", de modo que ha asegurado que "puede poner todo el empeño en que las quejas y reclamaciones vayan prosperando, pero, tal y como esta montada la Defensoría, es poco ejecutiva, y en el fondo lo que hace es un función de mediador", la cual define como "muy honrosa" y dice que "puede agilizar de alguna manera la problemática".
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