El rector de Jaén y presidente de la Asociación AUPA, Juan Gómez, compareció ayer por la tarde en la Comisión de Hacienda para el Presupuesto 2020, donde reclamó 70,5 millones más en financiación básica operativa para las cuentas del próximo ejercicio. En 2019, la Junta destinará 1.284 millones de euros a este concepto.
El reparto del incremento solicitado sería: 24 millones de euros más para básica operativa (fundamentalmente, capítulo 1-nóminas-), 17,5 para investigación y 29 para inversiones. Además, la AUPA pidió que la modificación de la Ley Andaluza de Universidades que plantea el Gobierno andaluz para permitir el uso de remanentes no afectados deje claro que el destino de ese dinero será para “necesidades estratégicas” y siempre será una cantidad “adicional” a la financiación básica operativa.
Además, las universidades reclamaron a la Junta que amplíe la cota de gasto en 2020 en 38 millones para así poder hacer frente a los compromisos adquiridos en materia de personal.
Los dos rectores de las universidades sevillanas se pronunciaron de manera rotunda sobre lo relacionado con la principal novedad del reparto del Presupuesto 2019. En el CAU de octubre, la Junta autorizó a a usar 40 millones de los remanentes no afectados, una suerte de hucha que, según cada universidad, es más o menos abultada. Tirando de ahorros, la Administración daba permiso a las universidades a entrar en lo que se conoce como “déficit equilibrado”, un déficit técnico.
A la Universidad de Sevilla se le permite un uso de 11,3 millones y a la Olavide, 1,8 millones. Este dinero no son, pues, cantidades nuevas que pone la Junta, sino que sale de lo que no han gastado las universidades como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es el tope de déficit técnico que se les permite.
El rector de la Olavide, Vicente Guzmán, no escondió su enfado: “El reparto es injusto y desproporcionado. En un año, me voy a comer el 40% de lo que he ahorrado”. “Cuando se acaben los remanentes, qué harán. Son finitos”, apostilló el rector de la US, Miguel Ángel Castro. Tanto Castro como Guzmán advirtieron de que estos remanentes servirán para taponar gastos corrientes (de hecho, 15 millones de los 40 autorizados) cuando deberían ir destinados a proyectos estratégicos.
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