El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha dado a conocer en rueda de prensa las características y principales objetivos de la consulta pública que se va a poner en marcha a través de la web del Ayuntamiento de Chiclana, www.chiclana.es, previa a las futuras ordenanzas municipales que regularán, por un lado, los servicios de suministro y distribución de agua y alcantarillado y depuración de aguas residuales, y por otro, los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, y cuyo objetivo no es otro que “tomar el pulso a las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía e informarles sobre los procedimientos que se quieren llevar a cabo para la modificación de las tasas y de los precios públicos de dichos servicios”.
Roberto Palmero ha expuesto que la actualización de las tasas, que no se modifican desde 2016, “obedece a las necesidades de una mayor inversión tanto en los servicios que se prestan a la ciudadanía, haciéndolos más justos y sostenibles, como en la mejora de la red debido a las demandas ciudadanas y al importante crecimiento que ha experimentado Chiclana en los últimos años”.
“En este sentido, es fundamental ajustar muy bien de qué manera vamos a mejorar los servicios sin generar una mayor carga sobre nuestros vecinos y vecinas. Por ello, nuestro objetivo es que, durante los veinte días que la consulta va a estar colgada en la web del Ayuntamiento, participe el mayor número de personas posible. Además, paralelamente, vamos a desarrollar reuniones con diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad para explicar las nuevas ordenanzas y los objetivos que nos planteamos con su aprobación”, ha señalado.
En lo que se refiere al proyecto de la ordenanza reguladora de los servicios de agua, alcantarillado y depuración, se marca tres objetivos principales: ajustar en la medida de lo posible los ingresos a los gastos evitando incrementos de los déficits del servicio; la apuesta por la sostenibilidad ambiental, y la sensibilización de los usuarios a un consumo sostenible y basado en el ahorro.
En palabras de Roberto Palmero, “los cambios que se van a aplicar se hacen con la intención de favorecer el ahorro de agua y de premiar el uso responsable en el consumo, propiciando bajadas en la factura. En cuanto a las posibles subidas, éstas afectarían a los grandes derrochadores de agua en bloques de consumo superiores que sobre todo se dan en verano con el uso de las piscinas o el gasto de agua en regadío. El objetivo final es marcar una tendencia que propicie la bajada del consumo. La idea que vamos a plantear en la consulta es que se aplique una subida de las tasas inferior al IPC, de en torno al dos por ciento”.
En cuanto a la ordenanza reguladora del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, el proyecto plantea diferentes tarifas teniendo en cuenta si se trata de usuarios domésticos o comerciales/industriales, de manera que el precio que se establezca para el servicio cumpla los siguientes objetivos: ajustar en lo posible los ingresos y gastos evitando incrementos de los déficits del servicio; fomentar la sostenibilidad ambiental; sensibilizar a los usuarios respecto a la idea de “se paga por lo que se contamina” o “quien contamina paga”, y tener en cuneta la capacidad económica por grupos genéricos de sujetos obligados a pagar la tarifa.
“Con la basura partimos de la misma premisa de no cargar sobre los usuarios la mejora del servicio. Por ello, principalmente planteamos modificaciones en la tarifa comercial, en concreto en la actualización de los diferentes bloques tarifarios en los que los usuarios se pueden situar en cuanto a su activdad comercial”, ha explicado el delegado de Medio Ambiente, que también ha destacado que “una de las medidas más llamativas que planteamos es que, en base al tipo de comercio, a su tamaño y al tipo residuo que se genere, varíen las tarifas”.
En este sentido, Palmero ha puesto el ejemplo de “naves comerciales que hasta ahora compartían un único bloque tarifario, serán subdividas en varios bloques de manera que la mayoría de ellas, en torno al 70 por ciento, estarán encuadradas en un nuevo epígrafe de naves de 400 y 1200 metros cuadrados. Estos comercios, que actualmente pagan unos 3.900 euros de media, van a pasar a pagar 860 euros en la propuesta que queremos poner en marcha. Es una bajada considerable y justa. No contamina lo mismo una persona que tiene una tienda de zapatos que un supermercado de 5.000 metros cuadrados”.
Por último, el delegado ha recalcado que “todo este planteamiento en las nuevas ordenanzas va a encaminado a que en los próximos cuatro años no tengamos que aplicar ninguna otra modificación, logrando que el desarrollo de los servicios sea sostenible y que no se genere más de deudas en el pago a proveedores. Con la consulta ciudadana queremos que entre todos y todas encontremos la fórmula para satisfacer las necesidades existentes sin perjudicar a las personas que peor lo están pasando económicamente”.
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